El gobierno ha propuesto postergar la implementación de los servicios locales de educación pública (SLEP) por más de una década, argumentando que más tiempo permite resguardar la calidad educativa. Las principales razones que fundamentan el proyecto de ley presentado, es que en los próximos tres años se concentrarán los traspasos de 34 SLEP y que es necesario elaborar una serie de reglamentos derivados de una ley aprobada recientemente que aborda buena parte de los nudos críticos identificados en las evaluaciones de la Nueva Educación Pública (NEP).

Considerando esto, resulta incomprensible que se proponga volver a cambiar las reglas. No es lo único incomprensible de la iniciativa.

Pocas políticas educativas chilenas han sido tan evaluadas como la NEP. El Consejo de Evaluación del Sistema, la Agencia de Calidad, universidades y organismos internacionales identificaron problemas relevantes de implementación. Pero ninguna recomendó pausar ni extender la instalación de los SLEP durante más de una década.

Si bien los resultados de los SLEP son heterogéneos, las evaluaciones muestran que aquellos con mayor tiempo de instalación presentan, en promedio, mejores indicadores que sus pares municipales. Una evaluación de impacto reciente (Valenzuela, 2026) identifica efectos positivos y estadísticamente significativos en Simce de lectura y matemática (4°básico y 2° medio), y asistencia, en los primeros servicios.

Mientras, la educación municipal se deteriora aceleradamente. En 2016, el 13% de los municipios se encontraba en estado financiero crítico; en 2022, esa proporción llegaba al 59%. Postergar el traspaso agudizará esta crisis, multiplicará el costo del rescate fiscal futuro, y seguirá aumentando las deudas previsionales con docentes y asistentes de la educación.

Por otra parte, el proyecto otorga al Ejecutivo la facultad de postergar, hasta en tres años, el traspaso a los SLEP que ya están en funcionamiento, pero que aún no han recibido escuelas. Ello, mediante un decreto, y con solo dos meses de anticipación. Una decisión de esta magnitud no puede depender únicamente de una atribución discrecional: requiere estándares claros y un informe vinculante del Consejo de Evaluación. Un SLEP podría tener directivos y equipos profesionales, pero ningún establecimiento que gestionar hasta por cinco años. Del lado de los municipios, estos ya habrían aprobado sus presupuestos sin considerar recursos para la continuidad del servicio educativo.

Más grave aún es la drástica rebaja de los requisitos para que los municipios mantengan la gestión de las escuelas. Pasar de exigencias de sostenibilidad financiera y desempeño educativo a permitir que baste, en la práctica, tener una asistencia promedio de 85% —inferior al promedio nacional— no es resguardar la calidad. Pero además se crea aquí un cambio profundo. Nueve de diez comunas aún no traspasadas podrían postergar su ingreso. Es decir, se funda, en las formas, un nuevo sistema de educación pública mixto.

El Congreso puede reconocer la necesidad de una transición ordenada sin aprobar el retroceso que propone el proyecto de ley. La educación pública necesita flexibilidad, pero sobre todo certezas, recursos y prioridad política. No prolongar una reforma otra década mientras creciendo los costos educativos, laborales y fiscales.

Por Xavier Vanni, investigador CIAE Instituto de Estudios Avanzados en Educación U. de Chile