Defender la humanidad de quien ha cometido un crimen atroz es difícil e impopular, pero es justamente ahí donde se ponen a prueba los principios de nuestra vida en común: hay límites que no dependen de quién tenemos enfrente. Podemos castigar, encerrar y protegernos de alguien peligroso, pero hay cosas que hemos decidido no hacer. No porque ignoremos el mal, sino porque reconocemos algo humano incluso en quien lo ha cometido.

Esos límites nunca están asegurados, y su dificultad radica en sostenerlos cuando dejan de parecernos razonables. El gobierno de Kast intentó impedir el acceso a la gratuidad universitaria a condenados por ciertos delitos, disposición que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Su reforma de seguridad propone restringir prestaciones sociales, sanitarias y educacionales a condenados por terrorismo o crimen organizado, aun después de cumplida la pena.

Son medidas distintas, pero comparten una lógica: el castigo puede desbordar la condena. Es ahí donde la crueldad comienza a institucionalizarse. No cuando el Estado castiga porque debe hacerlo, sino cuando la gravedad de un delito parece razón suficiente para abandonar límites que considerábamos comunes a todos.

Hace unos días, en Tolerancia Cero, ante los cuestionamientos por las vulneraciones a los derechos humanos en las cárceles de Bukele, el ministro Arrau respondió que le habría gustado que se cuestionaran también las violaciones a los derechos humanos de las personas asesinadas. La respuesta nos obliga a tomar partido entre dos humanidades que nunca debieron entrar en tensión. Ahí está la eficacia y también la gravedad de la simplificación, como si reconocer el horror sufrido por una víctima exigiera dejar de mirar lo que el Estado hace con quien está preso.

Una persona puede ser responsable de un acto terrible sin quedar reducida para siempre a ese acto. Las instituciones existen, entre otras razones, para impedir que nuestra pulsión de crueldad se convierta en política pública.

Defender esa frontera requiere astucia, no solo convicciones. Tenemos que ser capaces de ofrecer seguridad sin hacer de nuestra humanidad el precio de su eficacia. Sin esa capacidad, la defensa de nuestros límites corre el riesgo de convertirse en retórica y la crueldad en una respuesta política.

Al defender su reforma, Arrau dijo también: “Preguntémosle a la gente”. Puede que tenga razón y que muchas de estas medidas sean populares. Pero las instituciones no existen solo para organizar lo que las mayorías quieren. También existen para sostener ciertos límites cuando tenemos buenas razones para querer cruzarlos.

La crueldad es una tentación profundamente humana, y el desafío no es reconocerla cuando nos escandaliza, sino contenerla cuando nos parece justificada. En esa decisión, la humanidad en juego no es solo la de quien cometió un crimen, sino también la nuestra.

Por Pía Mundaca, cientista política