"Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución democrática de Chile". Fueron las palabras del ex Presidente Ricardo Lagos al congratularse por haber introducido 54 reformas a la Carta Fundamental, aprobadas por el Parlamento. Sin embargo, se quiere prescindir de lo avanzado. Partir de cero. La oposición exige un plebiscito inmediato para establecer una nueva Constitución y una asamblea constituyente, sin advertir a la ciudadanía que estos mecanismos no están contemplados ni son válidos. Este es un primer fracaso del Estado. Lo anterior, descontado el hecho que propiciar cambios a la Constitución por medios distintos a los que ésta establece, es causal de destitución según el artículo 60 de la misma.

Chile ya fue víctima de la demagogia irracional en los años 60-70, que condujo a la mayor crisis de la democracia. El fenómeno actual muestra similitudes con ese populismo, desoyendo que el descontento social requiere ponderación y una mirada de país. Parafraseando a William Butler Yeats habría que decir que hoy "Los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad".

Otro fracaso de Estado dice relación con la ineficiencia del Ejecutivo en asegurar por medio de la legítima coerción la seguridad de los habitantes. Llevamos 22 días y el mutismo de la oposición es ominoso respecto al vandalismo y el orden social.

Por otro lado, es inconcebible que senadores y diputados estén exponiendo la democracia por la que lucharon tantos años. No se entiende qué los impulsa a desafiarla y a no promover una agenda social seria y eficaz en conjunto con el Ejecutivo.

Se les percibe como responsables de las demoras en resolver los problemas de las personas, equivocando las prioridades que exige el país, cuando debieran estar a la cabeza de los cambios sociales y legislativos y protegiendo el desarrollo económico que la misma Constitución establece. Su artículo 1° señala que el Estado está al servicio de la persona humana y debe permitir su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a sus derechos y garantías.

La vulneración de esas obligaciones se observa en que de las más de 20 iniciativas gubernamentales en esta materia, solo se han legislado dos, la relativa a las tarifas del Metro y las cuentas eléctricas. Pero no se avanza en las demás, como son pensiones, aporte previsional solidario, sueldo mínimo garantizado, medicamentos, aumento del Impuesto Global Complementario, rebaja de sueldos a parlamentarios, apoyo a las Pymes, entre otras.

Finalmente, frente a un país atónito por los desmanes, saqueos e incendios, están empezando a surgir grupos de autodefensa, como los "chalecos amarillos". El orden público y represión a la violencia solo puede provenir de las fuerzas policiales, jamás de los ciudadanos. La ineficacia en esta materia es peligrosa frente a la necesaria paz social y constituiría el más grave fracaso del Estado.