Hablando de derechos humanos

Secundarios se toman el Liceo República de Siria en Ñuñoa, sede de la PSU.

El 6 y 7 de enero, las protestas de escolares contra la PSU inhabilitaron decenas de locales.


Desde que comenzó el estallido social y la delincuencia que ha acompañado como una sombra siniestra a todas las marchas y manifestaciones a favor de diversas demandas ciudadanas, muchos, particularmente entre los opositores al gobierno, han levantado la voz para expresar su repudio al actuar de Carabineros y su presunta violación de los derechos humanos de los manifestantes. Se ha llegado a decir que la estrategia de "copamiento" de Plaza Italia instaurada por el intendente Felipe Guevara representaría una violación de los derechos de las personas de manifestarse. Y por ello, entre otras causas, se lo ha acusado constitucionalmente en la Cámara de Diputados.

Hasta donde yo sé, el derecho a manifestarse no es absoluto, ya que es requisito previo el otorgamiento de un permiso por las autoridades competentes, indicando recorrido y horarios. Y esto por una razón muy sencilla: las manifestaciones, por justas que sean, alteran la convivencia de una ciudad. Las manifestaciones diarias a las cuales hemos sido sometidos también representan una violación de nuestro derecho a vivir en paz y realizar nuestras actividades diarias. Ningún país puede sobrevivir a manifestaciones permanentes, especialmente cuando ellas terminan en violencia contra las personas y la propiedad pública y privada.

Y, ya que estamos hablando de derechos humanos, las 165 mil personas que perdieron sus trabajos desde el 18 de octubre de 2019, ¿no tenían derecho a sus empleos? Los comerciantes cuyos negocios han sido saqueados o quemados o ambos, ¿no tenían ellos derecho a usufructuar de sus esfuerzos? Muchas de estas personas son modestas y han invertido todo lo que tienen en sus negocios. Los fieles que asistían a las iglesias ahora quemadas, ¿no tenían derecho a ejercer su religión? ¿No tienen los usuarios del Metro el derecho a utilizarlo para movilizarse entre casa y trabajo? Y los miles de personas que no pueden concurrir a supermercados o farmacias saqueados e incendiados, ¿no tienen ellos el derecho de hacer sus compras en lugares que les resultan convenientes?

Podemos continuar enumerando las muchas maneras en que las libertades cívicas de las personas han sido violentadas y las pérdidas que ellas conllevan para nuestra sociedad. Sin embargo, el problema más grave que está viviendo el país es la incapacidad del Estado de defender los derechos de los muchos contra las acciones de unos pocos. Peor aún, no sabemos quiénes son y cuáles son los móviles de esos pocos.

Digámoslo con todas sus letras: en Chile ha dejado de operar el estado de derecho. Y sin estado de derecho no hay sociedad que pueda funcionar. Un estado que no puede contener la violencia no está en condiciones de satisfacer las legítimas demandas que muchos han expresado. Es menester recuperar el estado de derecho para que los derechos de todos puedan ser legítimamente atendidos.

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