Hacienda y la política

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Hasta el segundo gobierno de Bachelet resultaba impensable que una administración cambiara su ministro de Hacienda pues éste, aparecía como el garante del modelo económico. La salida de Alberto Arenas en el 2015 representó el fin de esta tradición. Con la reforma tributaria del 2014, desafió presupuestos ideológicos básicos de la herencia pinochetista. La salida de Felipe Larraín representó por el contrario, el fin del paradigma de ministro de Hacienda todopoderoso y la ilusión de que representaba la "racionalidad" en el caótico mundo de la política. La rebelión popular mostró que la "verdad económica" está condicionada por la deliberación ciudadana.

Ya los currículos de ambos ministros dejan en evidencia las diferencias. Felipe Larraín es un macroeconomista destacado y sus publicaciones se limitan estrictamente a ese campo. Ignacio Briones es ingeniero comercial y magíster en economía de la Universidad Católica, pero también magíster en ciencias políticas y PhD en economía política en Francia, todo lo cual se refleja en sus publicaciones. Sin duda no es el macroeconomista típico a cargo del ministerio de Hacienda.

Larraín no entendió que los principales condicionantes de su gestión eran el malestar popular frente a que los derechos sociales fueran concebidos como negocio y que la oposición era mayoría en ambas cámaras y que, por tanto, debía negociar cualquiera iniciativa. La misma idea de cooptar algunos parlamentarios de la oposición denota inconciencia respecto de que los cuerpos políticos reaccionan con encono a los intentos de debilitar su cohesión. También, la falta de empatía con la ciudadanía al condicionar el aumento del 10% de las jubilaciones del pilar solidario a la aprobación de la reforma de pensiones.

No cabe respecto a Briones crearse ilusiones. En la Cámara de Diputados existe descontento por su estilo. Como Evópolis, Briones es liberal en relación con el matrimonio igualitario pero ortodoxo en materia económica. Partidario ardoroso de la reintegración tributaria y opositor a la reducción de la jornada de 40 horas. No obstante, con rapidez entendió que en las condiciones actuales no era posible seguir con la reducción del déficit estructural, que no era un despropósito recurrir al endeudamiento o al uso de los fondos soberanos para financiar un aumento significativo de los gastos públicos y que es indispensable un aumento de la carga tributaria inmediata e incluso una revisión de las exenciones a las ganancias de capital. Pero el ministro es también partidario acérrimo del sistema privado de pensiones y de la salud como negocio y en tal sentido su tarea como ministro de Hacienda será obstaculizar lo máximo posible los cambios que la ciudadanía quiere introducir. Ello pone en riesgos los avances alcanzados en la resolución de la crisis.

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