Es hora de una educación pública

Ha sido rechazado uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno, el mal llamado proyecto de "Admisión Justa". Son muchos los que pueden ver en este revés para el Ejecutivo un castigo político por querer imponer una apuesta comunicacional. Pero creo que es preferible ir al fondo del asunto.

Lo que ha primado es la justicia. No solo porque ese proyecto era un retroceso, sino también porque se puso fin a una cruzada ideológica, sin fundamentos técnicos y sin el mínimo ejercicio republicano de diálogo democrático.

Lo que quería el gobierno era reponer la selección escolar en base a criterios definidos por las escuelas hasta en un 30% de las vacantes, lo cual reducía en esa misma proporción el derecho de escoger a las familias.

No se puede seguir tapando con un dedo la realidad de los datos: el sistema que dejó instalado el gobierno de Michelle Bachelet funciona, entrega oportunidades con mayor equidad y con más transparencia, y más del 80% de quienes postularon en el último proceso de admisión escolar quedó en alguno de los colegios de su preferencia. Por su parte, un reciente estudio del CEP muestra que el actual sistema está cumpliendo su objetivo de reducir la segregación escolar.

Cabe esperar de nuestras autoridades a cargo de la gestión del gobierno que tomen decisiones basadas en los hechos. No le hace bien al debate público ni a la deliberación que el gobierno niegue las investigaciones nacionales e internacionales (la OCDE, por ejemplo, afirmó en 2017 que "la competencia escolar presenta potenciales desventajas en términos de equidad e inclusión"). No le hacen bien a la política la sobreideologización o la incapacidad de mirar evidencia comparada; tampoco le hace bien las giras de desinformación usando recursos públicos para jugar con las expectativas de los apoderados.

Lo que nos hace bien como país es que analicemos con seriedad cómo se implementa el sistema de admisión en todo el país (falta aún la Región Metropolitana, que ingresa recién en las próximas semanas) y luego hacer los ajustes y correcciones necesarios.

En lugar de volver a la selección para que sean las escuelas (no las familias) las que decidan quiénes estarán en sus aulas, el gobierno podría preocuparse más por la educación pública a la que tiene abandonada.

Veamos los hechos: la Dirección de Educación Pública estuvo descabezada durante meses; a la fecha, la ejecución presupuestaria es realmente insignificante; y no se ha avanzado casi nada en su desmunicipalización. Estas acciones descritas, sumadas a una historia de décadas de abandono, le han hecho tanto daño a la educación pública que existe el peligro de que ésta desaparezca y no se convierta en el espejo de la nación inclusiva y democrática que queremos construir.

Todavía hay tiempo más que suficiente para que este gobierno deje de mirar para atrás y de echarle la culpa de todo a Michelle Bachelet. Aún tiene tiempo de dialogar y de hacerse cargo de las tareas que quedaron pendientes: continuar la desmunicipalización y consolidar un nuevo sistema de educación pública