La falta de confianza hacia instituciones fundamentales y figuras de autoridad continúa expresándose -sin excepción- en todos los sondeos de opinión. La última encuesta CEP reafirma que las organizaciones con menor confianza siguen siendo los partidos políticos y el Congreso. En la parte baja -además del sistema de pensiones, las redes sociales y la TV- también aparecen los tribunales de justicia, el gobierno y se suman los sindicatos con un importante retroceso de cinco puntos. Las empresas privadas se ubican en la medianía de la tabla, mejorando dos puntos, y al tope del listado se consolidan las policías, las Fuerzas Armadas y las universidades.

Respecto a cuáles son los problemas a los que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar, la delincuencia lidera a distancia. Pero atención, entre los diez principales, sigue destacando la corrupción, a la par de la inmigración, y por sobre la pobreza, el empleo y los sueldos.

La pregunta es cómo nos hacemos cargo y cambiamos el rumbo, teniendo presente que la confianza en nuestras instituciones y liderazgos junto con una cultura de integridad que permee de manera transversal a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil son condiciones necesarias para la estabilidad democrática, una sana convivencia social y un desarrollo económico sostenible.

Este 2025 otorga una valiosa oportunidad para que iniciemos este cambio de dirección. La elección presidencial y parlamentaria es el momento oportuno para que quienes aspiran a dirigir el país en los próximos años incorporen en sus programas y demuestren con hechos, planes y acciones concretas su decisión de avanzar con convicción en el desafío de reinstalar en Chile una cultura de integridad.

Lo que se requiere es una mirada integral que incorpore necesarias reformas institucionales (nuevos mecanismos para las fundaciones que postulen a recursos públicos es uno de los temas sensibles, entre muchos otros); integrar la ética e integridad con mayor fuerza en los currículos educativos y desde la más temprana edad; a la vez que implementar gobiernos corporativos robustos, códigos de conducta, sistemas de denuncia bien implementados y conocidos por todos, incentivos acordes a un propósito común y metas medibles y evaluables.

Esta es una cruzada que demanda el compromiso de todos, sector público, privado, academia, expertos, ONG y sociedad civil. La ciudadanía exige y requiere de una respuesta contundente e institucional frente a la corrupción y los altos grados de desconfianza, y tenemos la oportunidad de dar una señal potente de que, como país, nos estamos haciendo cargo.

*La autora de la columna es presidenta de la Fundación Generación Empresarial (FGE)