Por Jorge Cash, jefe área Medio Ambiente, Elías abogados
Cómo abordará el próximo gobierno la conflictividad social vinculada a los grandes proyectos de inversión en materia ambiental, es una pregunta que no ha sido respondida hasta el momento en ningún programa presidencial con la profundidad que exigen las actuales circunstancias.
El asunto adquiere especial relevancia, atendido el conocimiento al que deberá abocarse el Comité de Ministros desde marzo del año 2022, respecto de aquellos recursos de reclamación que se interpongan en contra de las resoluciones de calificación ambiental que califiquen tales proyectos de inversión, algunos de los cuales generan importantes niveles de resistencia ciudadana.
En la situación descrita, se encuentran proyectos tales como “Los Bronces Integrado”, de Angloamerican Sur, cuya calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra próxima; o también el proyecto “Dominga”, de Andes Iron, recientemente calificado de forma favorable por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo y que proyecta generar 10.000 empleos directos y 25.000 indirectos en su etapa de construcción, estimada en 3 años, y 1.500 empleos directos y 3.500 indirectos en su etapa de operación. Ambos proyectos, en conjunto, representan una inversión estimada de 5.500.000 millones de dólares.
El referido Comité, regulado en el artículo 20º de la Ley Nº 19.300, se compone de seis carteras de Estado: Medio Ambiente (preside), Economía, Salud, Agricultura, Minería y Energía; y pese al creciente consenso que existe respecto a su supresión como instancia de revisión y calificación de proyectos, lo cierto es que su existencia está garantizada mientras no se materialice la esperada reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En dicho orden de ideas, surge la inquietud acerca de la política que sostendrá el futuro gobierno en materia de grandes proyectos de inversión, habida cuenta del carácter eminentemente político del referido Comité y de la necesidad de configurar un marco equilibrado de gobernanza que permita revertir los alicaídos niveles de inversión que exhibe el país, fomentando la innovación, el emprendimiento y la libertad económica de los particulares en esta crucial tarea nacional.
Así, cualquiera sea el gobierno que asuma, debe tener claro que no existirá progreso ni crecimiento económico en Chile si no somos capaces de perfeccionar y dotar al marco institucional que rige en materia ambiental, de instrumentos que garanticen la paz social en el marco de la evaluación ambiental de los grandes proyectos de inversión, asumiendo que dicha tarea exige, para que sea ejecutada con éxito, de una política planificada, asentada y estudiada por las nuevas autoridades, alejada de toda improvisación y populismo.
Chile no enfrentará con éxito un nuevo ciclo económico si no somos capaces de introducir reformas sustantivas que permitan conquistar el equilibrio descrito, bajo la fórmula de una mirada desideologizada y desapasionada respecto a la relación entre la inversión y la protección ambiental.
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