El ministro Marcel respondió con dureza frente a la declaración de Evelyn Matthei de que “este gobierno va a entregar el país totalmente quebrado”, refiriéndose a la presentación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2025, ante las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, tal como lo requiere la Ley de Responsabilidad Fiscal.

De acuerdo a la Ley Nº 21.683 que, “promueve la responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado”, al tercer mes que un gobierno entra en funciones – en este caso, el 11 de marzo de 2022 – el Ministerio de Hacienda debe expedir un decreto supremo con su objetivo de política fiscal por cada año de gobierno, de modo de alcanzar el equilibrio del balance estructural (equivalente a déficit cero).

Sin embargo, de acuerdo a la ley, el gobierno tiene la potestad de cambiar las metas establecidas al principio de su período ante desastres naturales, deterioro significativo de las condiciones macro (la llamada cláusula de escape) o, invoque otras causales extraordinarias, que hagan necesario adecuar la meta de balance estructural.

Cumpliendo con la ley, el 29 de junio de 2022 se publicó el decreto 755, donde el gobierno se comprometió a reducir el déficit estructural, desde el 3,3 % del PIB en 2022, para llegar a un déficit estructural de un 0,3 % del PIB el año 2026.

No obstante, ya en septiembre de 2023, habiendo alcanzado un superávit estructural de un 0,2 % del PIB, el Ministerio de Hacienda modificó el decreto 755, disminuyendo sus metas y comprometiéndose a alcanzar un déficit estructural del 1,9 % del PIB en 2024, pasando a al 1,1 % del PIB en 2025, para llegar al 0,5 % del PIB en el año 2026.

Pese a haber modificado sus metas, el año 2023 el déficit estructural fue un 2,7 % del PIB, y el año 2024 alcanzó el 3,3 % del PIB.

Empeorando la situación ya comentada, el Ministerio de Hacienda presentó sus estimaciones para el año 2025, basándose en un crecimiento estimado del 2,5 %, cuando los agentes económicos estiman que este alcanzará cerca del 2,0 %. Pero luego, la directora de Presupuestos declaró que el crecimiento sería más cercano al 2,0 %, admitiendo indirectamente que los ingresos fiscales presentados el día anterior estaban sobreestimados, al igual que el año 2024.

Pese a esta admitida sobreestimación de ingresos, a que la ley indica que, si al cierre definitivo del año fiscal, se ha desviado de las metas establecidas, sin que se cumplan las condiciones para activar la cláusula de escape (que ya se activó en 2023), el Ministerio de Hacienda deberá establecer las acciones correctivas necesarias para retornar a una situación fiscal sostenible. Esto considerando que ya existe un decreto comprometiendo el balance estructural de los años 2025 y 2026; que las cifras de gasto de capital (o inversión) ya fueron maquilladas para dar más espacio a gasto corriente, lo que implica que está subestimado entre un 0,5 % y un 1,0 % del PIB para los próximos 4 años. Además, el Consejo Fiscal Autónomo lleva mucho tiempo advirtiendo que es urgente que el gobierno cumpla con la meta de balance estructural del - 1,1 % del PIB en 2025, a través de ajustes al gasto público. En la reciente presentación al Congreso, el Ministerio de Hacienda presentó un déficit estructural estimado para 2025 del 1,6 % del PIB, un 0,5 % peor a la meta de un 1,1 % del PIB, y de un 1,1 % del PIB para el 2026 (que ya había sido modificado a un 0,6 %).

Todo lo anterior nos lleva a concluir que no solo este gobierno entregará un fisco quebrado, sino que además, el ministro está incumpliendo la ley, pues declaró al Congreso que no cumplirá las metas establecidas por decreto, ni realizará los ajustes necesarios para llevar el déficit a cero al final del período presidencial. O estamos ante una Ley de Responsabilidad Fiscal que no cumple su objetivo y permite la irresponsabilidad fiscal.