Por José Antonio Guzmán Cruzat, rector de la Universidad de los Andes

Desde hace unos años, hemos estado reflexionando sobre la educación en Chile. Fruto de esto, se aprobó la ley sobre educación superior que modificó la institucionalidad, al introducir la Superintendencia y la Subsecretaría; cambió de manera significativa el sistema de aseguramiento de la calidad, y consagró la gratuidad como vía de financiamiento. Sin embargo, este marco regulatorio no logró zanjar la discusión para proyectar adecuadamente el desarrollo de la educación superior.

Resulta paradojal que aun cuando se ha incrementado de manera significativa el presupuesto destinado a la educación terciaria (de hecho, muy superior al promedio OCDE) no se percibe que este aumento haya favorecido su desarrollo. Por el contrario, el incremento progresivo de la gratuidad y la determinación de un sistema de regulación de aranceles parecen asociarse más al desfinanciamiento progresivo de las universidades, a una mayor dependencia de los aranceles y al decrecimiento neto de la matrícula.

Por otra parte, los instrumentos de política del nuevo sistema de aseguramiento de la calidad han sido discutidos y quedó en evidencia que se requieren correcciones y nuevos diseños. Aparece la tensión entre la necesidad de que las instituciones cumplan los criterios y estándares que han de predefinirse por la Comisión Nacional de Acreditación y la medición del grado de avance que alcanzan las instituciones en función de sus propósitos y proyectos educativos. La incertidumbre entre el modo de equilibrar estos dos polos puede entorpecer que el aseguramiento de la calidad sea funcional a las necesidades de la educación superior en Chile.

Aunque la pandemia ha afectado a todas las instituciones, se asoma la esperanza de un nuevo escenario que haga posible revertir a tiempo el desmejoramiento de los años pasados. Si antes era ineludible continuar la discusión inconclusa sobre educación superior, el futuro post pandemia solo acelerará la necesidad de innovación.

En este contexto vale preguntarse si tiene sentido volver al formato tradicional, enteramente en modalidad presencial, con programas fijos dentro de una estructura de facultades. O si pueden surgir nuevos modelos educativos (y de financiamiento) más flexibles, con visión transformadora, que preparen mejor para las nuevas contingencias. Aunque la presencialidad se valora ahora más que nunca, la modalidad híbrida o combinada ha ganado prestigio. Será necesario entonces volver a pensar sobre el acceso con equidad al sistema, así como reconocer nuevas prácticas curriculares, pedagógicas y trayectorias formativas innovadoras.

Estamos en el momento adecuado para asumir la tarea de buscar nuevos acuerdos para el desarrollo de nuestra educación superior. Es posible prever que el derecho a la educación superior quedará consagrado como tal en la nueva Constitución, pero de nada servirá si no va aparejado de una institucionalidad que coordine el sistema, lo fortalezca y facilite su desarrollo y mejora en calidad.  Se trata de un desafío país que no podemos postergar.