Comenzamos la semana llenos de contradicciones, un director del Servicio de Impuestos Internos renunciando por no pagar impuestos. Un sicario que traspasa tranquilo nuestras fronteras, por las que se pasea a destajo, después de ser liberado por “error” tras haber falsificado su identidad en varios procesos policiales y jurídicos de los que sale impune, cual película de taquilla hollywoodense. O bien con ministros de Estado que “aprovecharon” de pagar sus contribuciones ante el “olvido” de Etcheberry. O una Cumbre de Democracia Siempre! (menos mal no la llamaron Democracia Viva esta vez), con presidentes acusados de corrupción, con familias y entornos procesados, presos o a punto de caer por crímenes de corrupción. Todos ellos, nos vienen a sermonear sobre democracia cuando ellos escasamente la practican, o la olvidan convenientemente, cuando de corrupción se trata, uno de los peores flagelos de las democracias modernas.

Seguimos con el Presidente de Chile dando cátedra democrática cuando en pleno proceso electoral ya en curso, mantiene la extorsión al Congreso -y los chilenos- a través de su ministro del Interior que cambia su violación a la Constitución cuando se le exige voto obligatorio con multa y la condiciona a quitar el voto extranjero. O con unas “maravillas”, la “dupla de oro” que quiere quebrar el termómetro cuando se tiene fiebre, me refiero a la eliminación de la UF en ciertos casos, el summum plus ultra de la deriva populista.

Rigor técnico cero, contradicciones muchas -podría seguir por páginas- en definitiva no se trata de meditados cambios de evolución en el pensamiento, sino en el cálculo del populismo y la mala memoria, esa que es útil cuando conviene y maravillosa para conseguir votos a puntas de propuestas imposibles.

Pero, hay otro caso no tan divulgado en prensa en el que debemos poner atención y está dentro en la reforma de pensiones, hoy en plena implementación.

En el corazón de la reforma previsional aprobada este año se proclamaba una consigna potente: recuperar el rol del Estado en la provisión de seguridad social. No fue una consigna cualquiera. Se trató de un compromiso político y moral sostenido por buena parte del oficialismo, especialmente desde sectores que, con justa razón, han criticado por años el diseño mercantil del sistema de pensiones chileno. Recordemos, que después de una reforma previsional donde la “socialdemócrata edulcorada” Jara no precisamente ayudó a “terminar con las AFP” ahora ha prometido “terminar con ellas” -de contradicciones, dijimos, podemos seguir por páginas. Y por ello la “Jaraneta” comienza a echar humo por el motor, mientras ningún economista serio (Léanse Laderretche, Eyzaguirre, Guillermo Larraín, Sebastián Edwards, Álvaro García) y que viva en el siglo XXI, pretende sumarse a una campaña dirigida por los centros de pensamiento del PC con sus métodos leninistas para “ganar campañas” Fernando Carmona, hijo del inefable Lautaro, dixit.

Pero hoy, cuando se discute el Proyecto de Ley que regula el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), esa promesa aparece desdibujada, incluso risueñamente traicionada, pues el Gobierno como siempre se da cuenta que hacer las cosas es harto más difícil que prometerlas. Se hace campaña con poética, se gobierna en prosa.

El proyecto ingresado por el Ejecutivo, que estaba contemplado para ser votado en el Senado mañana -23 de julio, se postergó- y mantiene en manos de las AFP funciones claves del SIS: la administración de las comisiones médicas, el análisis de cobertura, el cálculo y otorgamiento de beneficios, y hasta el pago mismo de las pensiones de invalidez o sobrevivencia. Todo esto mientras se establece que la responsabilidad financiera recaerá en el Fondo de Ahorro Previsional Público (FAPP), es decir, en el Estado. ¿Qué significa esto en la práctica? Que privatizamos la operación, pero socializamos el riesgo. El Estado paga, pero no administra, ¿y quiénes serán las culpables al final? Adivine. Un sinsentido técnico y político.

Los expertos han sido claros en su advertencia: el proyecto no cumple con el mandato de la Ley que exige un traspaso pleno del SIS al Seguro Social. Y tienen razón. Porque un traspaso pleno no es solo recaudación, ni gestión de licitaciones, sino también la capacidad efectiva de ejecutar las prestaciones. Mantener a las AFP como administradoras del proceso no solo perpetúa la fragmentación institucional, sino que agrega más confusión para los afiliados, que seguirán enfrentando circuitos engorrosos, dobles ventanillas, y poca claridad sobre quién responde y por qué.

Y hay algo aún más delicado. Este diseño no es fruto de una imposición externa. Es una decisión política del mismo Gobierno, que dijo querer acabar con las AFP. Hoy, los mismos que denunciaban —con razón— los incentivos perversos del modelo actual, llaman a aprobar una ley que perpetúa esos mismos incentivos. ¿Qué pasó con el compromiso de “terminar con la mercantilización de la seguridad social”? ¿Dónde quedó la indignación por las trabas que enfrentan los afiliados al solicitar una pensión de invalidez?

No se trata de hacer tabla rasa, ni de desmantelar de un día para otro lo que se construyó durante décadas. Pero sí se trata de ser coherentes con una reforma que prometió fortalecer el Seguro Social como eje del nuevo sistema previsional. Lo que hoy se propone, en cambio, es una continuidad encubierta. Se cambian los nombres, pero no las lógicas, se hace más engorroso para el ciudadano, pero quien responde no es el Estado. El Estado no asume el costo, y deja que privados sigan operando bajo los mismos esquemas que se han criticado con fuerza en el pasado. Una más de un Gobierno que nos ha acostumbrado a la simbolocracia como forma de Gobierno. Artificio, ruido, declaraciones altisonantes… humo y al final, cuando las cosas ocurren: Responsabilidad cero, la culpa es del mundo privado. Es más, esto echa por tierra las acusaciones y presiones de políticos del Frente Amplio, como Gael Yeomans, quien en los años 2018 y 2019 impulsó con mucho ahínco, la idea que las AFP obstaculizan el pago de este tipo de pensiones, incluso hasta llegar al punto de una comisión investigadora sobre el tema que concluyó en su momento que había que sacar a las AFP del SIS.

El proyecto que hoy se discute en el Senado parece más bien consolidar un modelo mixto que conserva lo peor de ambos mundos. Si no se corrige a tiempo, la “reforma estructural” que tanto se celebró corre el riesgo de quedar, nuevamente, a medio camino, y lo que queda a medio camino es, por cierto, lo que siempre perjudica a los chilenos.

A estas alturas ya da risa, pero los chilenos podemos enfrentarnos a un desastre más de este monstruo mal diseñado -por algo en estas líneas no apoyé una mala reforma previsional- que ya ha elevado aún más los costos de contratación, y por consiguiente el desempleo, sumemos las 40 horas, la Ley Karin sin ningún contrapeso. El resultado 10% de desempleo en las mujeres, 8,8% a nivel nacional.

En su momento señalé, en estas mismas páginas, que una reforma de esta magnitud, no podía ser aprobada en dos días en ambas Cámaras, y que al menos se requería de datos de afectación del empleo. Poco importó, siempre es más fácil usar a los chilenos de a pie como conejillos de indias, y después veamos. Una más de tantas de este Gobierno que pretende su continuidad en la ex ministra creadora y continuadora. Todo muy contradictorio.

Por Gabriel Alemparte, abogado.