Chile enfrenta una paradoja que debería inquietarnos. Mientras los salarios crecen por sobre la inflación y las principales transferencias sociales se han reajustado, la pobreza extrema podría no haber variado, según hemos comenzado a constatar en el CEP.

¿Cómo explicar que los ingresos mejoren, pero los hogares más vulnerables apenas progresen? La respuesta apunta a una realidad que los promedios suelen ocultar: para beneficiarse de mejores remuneraciones, primero hay que tener trabajo, la principal fuente de ingresos de los hogares chilenos. El mayor obstáculo para seguir reduciendo la pobreza no parece estar hoy en cuánto ganan quienes trabajan, sino en cuántos logran acceder a un empleo.

La Casen 2024 mostró que el 17,3% de la población vivía en pobreza por ingresos y el 6,9% en pobreza extrema, es decir, en hogares cuyos ingresos no cubren una canasta básica de consumo. Son cifras de una nueva metodología, no comparables con la serie anterior, y esconden realidades preocupantes: la pobreza afecta al 25,7% de los niños de 0 a 3 años y a casi cuatro de cada diez hogares monoparentales con jefatura femenina e hijos. Pero esa fotografía es de noviembre de 2024. Desde entonces, el desempleo subió a 9,6% y aún no hay una medición oficial de sus efectos sobre la pobreza.

Para aproximarnos, en el CEP actualizamos los ingresos de la Casen 2024 a julio de 2026, considerando la evolución de las remuneraciones, las transferencias sociales y las líneas de pobreza. Es una microsimulación, no una nueva medición ni una predicción de la próxima Casen. Permite separar dos fuerzas que empujan en sentidos opuestos (la mejora de los ingresos y la pérdida de empleos) y, así, anticipar riesgos para la política social antes de que la próxima medición oficial los confirme.

Si los hogares hubieran conservado sus empleos de noviembre de 2024, la pobreza habría bajado de 17,3 a 15,7%, y la extrema, de 6,9 a 6,3%. Al incorporar los empleos perdidos, la pobreza se ubica en 16,3% y la extrema en 6,8%, prácticamente sin cambios respecto de 2024. Esas pérdidas impiden que más de 122 mil personas superen la línea de pobreza.

La conclusión es clara: el alza de las remuneraciones ayuda a reducir la pobreza, pero el deterioro del empleo neutraliza buena parte del avance, especialmente entre los más vulnerables. La protección ante la cesantía tampoco basta. En la simulación, apenas tres de cada diez trabajadores que pierden su ocupación acceden al seguro, que en promedio compensa cerca del 13% del ingreso del conjunto de trabajadores desplazados.

El ejercicio requiere cautela: no incorpora los empleos creados en los sectores que crecieron y, por tanto, no estima la evolución completa de la pobreza. Aun así, identifica un riesgo relevante. Cases y Vergara (2026) documentan menores posibilidades de acceder al empleo y un desplazamiento hacia el trabajo independiente y las empresas pequeñas, donde la protección social suele ser más limitada.

Esta evidencia debería pesar en la discusión del Presupuesto 2027. En tiempos de estrechez fiscal, cada peso asignado a una política implica dejar de financiar otra. La controversia por el término de Yo Elijo mi PC, tras evaluaciones desfavorables, ilustra el dilema. Reducir las brechas digitales sigue siendo necesario, pero eso no obliga a mantener intacto cualquier programa que persiga ese fin. Evaluar, corregir y, cuando corresponda, reasignar recursos es parte de gobernar; priorizar, una responsabilidad ineludible.

¿Qué debiera orientar esas prioridades? Poner en el centro el acceso al empleo de los hogares vulnerables. No basta con aumentar transferencias ni subsidiar contrataciones que habrían ocurrido de todas formas. Hay que remover barreras para trabajar (responsabilidades de cuidado, brechas de competencias), fortalecer la protección ante la pérdida de ingresos y focalizar los recursos en intervenciones que generen empleo adicional. Nada de esto reemplaza el crecimiento económico; busca que sus oportunidades lleguen también a quienes hoy están excluidos.

El Presupuesto 2027 ofrece la oportunidad de profundizar un camino ya iniciado: que la evaluación de resultados pese más que la defensa de programas. El éxito no debería medirse solo por cuánto se gasta o cuántos beneficios se entregan, sino por si cada programa cumple el fin para el que fue creado y, en la política social, por cuántos hogares vulnerables mejoran sostenidamente sus ingresos y salen de la pobreza.

Chile ha demostrado que puede reducir la pobreza combinando crecimiento y política social. Pero sería un error confundir mejores salarios con mejores oportunidades para todos. Los salarios determinan cuánto mejora la situación de quienes trabajan; el empleo, quiénes pueden participar de esa mejora. Si queremos que la pobreza extrema vuelva a retroceder, esa diferencia debe orientar nuestras prioridades.

Por Sebastián Izquierdo,

Coordinador académico

Centro de Estudios Públicos (CEP)