SEÑOR DIRECTOR:
Este sábado, en vísperas de la conmemoración de su 97 aniversario, Carabineros debió lamentar el homicidio de tres de sus funcionarios en un ataque en Cañete. Desde mayo de 2022, esta zona se encuentra bajo estado de excepción constitucional, en virtud de una medida extraordinaria que el Ejecutivo y el Congreso han renovado en reiteradas ocasiones. La tragedia que afecta al país nos lleva a reexaminar cuál debe ser la respuesta del Estado ante las vulneraciones de los derechos de las personas en la zona.
El Informe 2023 del INDH dedicó un capítulo a analizar la violencia perpetrada por particulares y grupos organizados y cómo ella afecta los derechos de las personas. Este documento recomendó al Ejecutivo adoptar medidas para resguardar la protección del derecho a las personas. Cualquier solución en la especie implica, necesariamente, conferir al Ministerio Público y a las policías mejores herramientas para llevar ante la justicia a los infractores de la ley.
Ahora, de una manera trágica, vemos indicios de que las soluciones que se han propuesto no parecen tan adecuadas. Si bien en los últimos meses todo exponía un retroceso en la violencia, lo ocurrido lleva a desconfiar de dicha suposición. Los derechos de las personas, incluidos los de funcionarios a cargo del orden público, siguen enfrentando amenazas de una magnitud difícil de anticipar. La respuesta que dé el Estado no puede dejarse llevar por la precipitación que más bien obedece a objetivos cortoplacistas.
La violencia no puede responderse con mayor violencia. No es esa la solución que se espera dentro del Estado de Derecho. Hay que reevaluar lo hecho hasta ahora y el real efecto que ha tenido el prolongado estado de excepción en la Zona Centro Sur. Intensificarlo podría parecer como un camino verosímil, pero aquí es recomendable ver cómo afectaría ello los derechos de las personas a quienes se aspira a proteger.
La contumaz violencia en el sur nos recuerda, otra vez, que no disponemos de respuestas fáciles y, menos aún, de soluciones rápidas.
Consuelo Contreras Largo
Directora Nacional del INDH
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