El cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, así que es probable que usted conozca a alguien que ha sufrido esta maldita enfermedad. Las listas de espera son, literalmente, fatales y la especialización resulta clave para una detección temprana. Para ambas cosas se requieren hospitales especializados y por eso es tan importante que se concrete el nuevo Instituto Nacional del Cáncer de Santiago, que reemplazará el vetusto edificio de 1900, triplicando su dotación de camas y aumentando los pabellones de cirugía mayor o los sillones de quimioterapia.

Luego de años de espera, en 2019 el Ministerio de Salud consiguió los $250 millones de dólares que cuesta la obra. Se hicieron los diseños y cuando el proyecto fue sometido a la evaluación ambiental se topó con un imprevisto: unas colonias de lagartijas, arañas y otras especies que, en lenguaje frenteamplista, “habitaban el territorio”. La alerta fue dada por la Seremi Metropolitana de Medio Ambiente que exigió modificar el proyecto parar incluir “refugios de fauna vertebrada de baja movilidad”, muy en línea con el derecho de los animales sintientes consagrado en la Constitución que rechazamos en septiembre de 2023.

Pero la Seremi de Medioambiente fue más allá. Quizás inspirada en un libro de auto ayuda, o en el consejo de algún chamán altiplánico, la funcionaria exigió incluir jardines del tipo Miyawaki. La idiotez de la Seremi podría ser anecdótica, pero tuvo consecuencias fatales. El Hospital del Cáncer se ha atrasado meses para incorporar estas sandeces, afectando a unas 200 mil personas que esperan tratamiento.

La pesadilla no terminó ahí. El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) tenía que hacerse presente, exigiendo estudios de impacto visual sobre poblaciones obreras y el tratamiento de un antiguo muro encontrado en el lugar. Como sabemos, ya no importa si el hallazgo es centenario o si corresponde a las ruinas de un edificio ochentero. Se paraliza todo, para que los arqueólogos puedan desplegarse con tranquilidad. Como estos profesionales cobran por mes, el incentivo a moverse lento es enorme, así que vamos limpiando, fotografiando y archivando cada pequeña piedrecita que se levanta.

Según el portal Ex Ante, luego de un año de trabajo, el CMN consideró que el estudio era insuficiente y pidió nuevas medidas que atrasarán aún más el nuevo hospital. Adivine quiénes fueron los más contentos con esta nueva paralización.

En el hospital El Salvador ocurrió lo mismo. El Estado debió gastar $2 millones de dólares para guardar restos arqueológicos en 200 cajas que terminaron fondeadas en una bodega, ya que ningún museo las quiso. En los hospitales de Rengo, La Unión y Melipilla está pasando lo mismo. Meses de retraso por exigencias del CMN, que tienen a decenas de expertos revisando el sitio - y facturando en UF- mientras 160 mil personas deben trasladarse a otras comunas o regiones para atenderse.

Enfatizo el tema de la plata, porque estas exigencias no responden solamente a delirios octubristas, que privilegian una lagartija sintiente por sobre la vida de un ser humano enfermo de cáncer. Como indiqué en otra columna, la permisología esconde un negocio muy rentable para oficios que están muy bien representados en el CMN y en otros servicios que exigen estudios de impacto, donde la relación entre reguladores y consultores es más que promiscua. El boom ha sido tan grande, que firmas internacionales han instalado sedes en Chile para facturar millones por estudios que muchas veces terminan en nada.

Estos consultores serán los primeros en oponerse a cualquier medida que busque reducir la permisología, y lo harán amparados en asociaciones profesionales, ONGs o grupos de funcionarios. Cuando esto ocurra, debemos tener claro que su motivación no es preservar el planeta o los animales sintientes. Estarán defendiendo un negocio que crece como la espuma a costa de los pacientes con cáncer o de las familias que esperan por años su vivienda propia.

Por Iván Poduje, arquitecto.