Por Manuel Inostroza, académico de Salud Pública de la UNAB

El 2020 diez millones de chilenos y sus familias buscaron proteger su salud y poner sus vidas en las manos de los 210 mil profesionales y trabajadores de las clínicas y centros ambulatorios privados, principalmente ubicados en regiones; en donde se resolvieron cerca de 600 mil cirugías y poco más de 59 millones de exámenes y procedimientos, y en donde, por cierto, no importó si eran con o sin fines de lucro, porque lo que realmente importaba era que fueran atendidos. Familias que hoy se preguntan si podrán en el futuro seguir haciéndolo. La Convención les propone un “Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado”, que hará desaparecer al Fonasa y está por verse si permitirán o no la existencia de seguros privados complementarios que hoy eligen 4,5 millones de personas y lo que es más complejo está por verse si los prestadores privados van a poder existir; es decir, se nos estaría proponiendo un monopolio estatal tanto en el financiamiento como en la prestación. En consecuencia, los más de diecinueve millones de chilenos deberían atenderse solo en los consultorios y hospitales, donde hoy con doce millones de personas, dos millones de ellas están en espera por una consulta de especialidad y 315 mil en espera por una cirugía.

Resulta curioso que esta propuesta no explicite cómo harán que lo estatal deje de ser sinónimo de indignidad y abusos para millones de chilenos que buscan atención y sea detallista en cómo eventualmente podrían restringir la participación privada en salud. Porque insistir en darles más recursos económicos y personal al Estado, para seguir haciendo más de lo mismo, sin aumentar la calidad o cantidad de los servicios entregados, es una fórmula segura para una nueva frustración de las legítimas expectativas ciudadanas. De hecho, el financiamiento de la red de establecimientos públicos, consultorios y hospitales pasó de 4 billones de pesos el 2012 a 8,5 billones de pesos este 2022. No porque en la mayoría de los constituyentes de manera sesgada el peso de la prueba de los abusos recaiga solo en los privados y se justifique su eliminación, por arte de magia los abusos van a desaparecer en los hospitales y consultorios del Estado. Los chilenos han aprendido que los monopolios y sus colusiones son dolorosas para las personas y por ende uno estatal, y más aún ciego a las demandas y necesidades de sus pacientes, pondrá en riesgo la salud y la vida en especial de los más vulnerables, sobre todo cuando el Estado renuncia a la posibilidad de darles alternativas de atención en salud.

Esta propuesta constitucional nacida en el seno de los gremios de la salud y avalada por una mayoría circunstancial de la Convención, solo los beneficiará a ellos y tendrán a todos los chilenos cautivos. ¿Qué es lo que falla? Los abusos y los excesivos tiempos de espera son solo síntomas de los problemas de ineficiencia estructural del Estado y su falta de incentivos para dar una atención más digna y oportuna; eliminar al sector privado sin atender las causas de estos problemas públicos no resolverá nada y con certeza los agravará. De hecho, cuando ya han pasado más de dos años de la pandemia y el gasto operacional de los hospitales estatales ha sido incrementado en un 18%, estos solo han sido capaces de atender en promedio al 70% de los pacientes No-Covid que se atendía el 2019, lo que ha significado un total de 530.387 hospitalizaciones menos para las personas entre el 2020 y el 2021. Las personas solo persiguen el anhelo de ser atendidas y bien tratadas, no es mucho pedir y una nueva Constitución no les puede quitar eso.