María Teresa Rojas F.

María Teresa Rojas F.

Académica Facultad de Educación Universidad Alberto Hurtado

Opinión

Ley Aula Segura: no es la solución

Foto: Agenciauno

Los gobiernos necesitan demostrar a la ciudadanía su efectividad constantemente para mantener sus niveles de adhesión. Esto es comprensible. Pero lo que está ocurriendo con el proyecto de Ley Aula Segura traspasa los límites de lo razonable, pues con la clara finalidad de ganar algunos puntos de rating el ejecutivo ofrece una ley que de manera alguna resuelve los problemas de fondo que promete regular.
En primer lugar, es una ley innecesaria. Ya existe una regulación para expulsar estudiantes por conductas violentas. La Ley de Inclusión Escolar del año 2015 modificó la normativa orientada a sancionar conductas de estudiantes a través de suspensiones y expulsiones. Entre otras, establece que dichas sanciones no podrán fundarse en discriminaciones arbitrarias hacia los y las estudiantes, a excepción de aquellas conductas que supongan daño a la integridad física y psicológica de la comunidad. En estos casos, y en atención a un proceso ajustado a los procedimientos que establezca el reglamento de convivencia del establecimiento, las autoridades sí pueden expulsar a un estudiante. En definitiva, los directores hoy día pueden expulsar alumnos que incurran en acciones violentas.

En segundo lugar, el mentado proyecto de ley Aula Segura se anuncia para combatir un tipo de violencia en un grupo de establecimientos muy reducido. Esta no es una realidad nacional ni menos aún masiva. Por lo demás, las comunidades escolares han manifestado su desacuerdo con ellos y los condena públicamente.

En tercer lugar, lo que ocurre en este reducido grupo de establecimientos excede con creces las competencias y posibilidades de las autoridades escolares. No se puede pretender que directores y profesores contengan, al interior de la escuela, expresiones de rabia, descontento y desafección que expresan un malestar mucho más profundo con el sistema social en su conjunto. La violencia que atenta contra la integridad de los miembros de la comunidad escolar no se puede resolver solamente con los manuales de convivencia, o acelerando los procesos de expulsión. El rol de la escuela es educar a niños, niñas y jóvenes, no enjuiciar actos delictuales. Para ello es preciso actuar mancomunadamente entre diversas instituciones, contar con el soporte de distintos profesionales y pensar en planes interdisciplinarios para la contención e integración de los jóvenes que incurren en actos violentos.
Promover una oleada de expulsiones terminará, en el corto plazo, favoreciendo la deserción escolar y/o redistribuyendo a este grupo de estudiantes en liceos de comunas más periféricas que, a su vez, lidian con distintas formas de violencia de forma cotidiana. Es decir, se promoverá aún más la desigualdad y segmentación del sistema escolar. La Ley Aula Segura es un típico ejemplo de una medida facilista que demuestra que las autoridades no poseen una reflexión ni una solución efectiva para promover mayor integración social en el sistema escolar.

Sin duda, como han señalado varias personas frente a este tema, la educación ciudadana juega un rol central para desactivar conductas que agreden a los pares y a la comunidad. Aquí un rol de la escuela, sus directivos y docentes, pero también de las posibilidades reales de estas para llevar a cabo planes de formación ciudadana que posean tiempos, recursos y transversalidad. Para formar ciudadanamente a niños, niñas y jóvenes se requieren palabras, acciones y modelos de ciudadanía activa que distan bastante de la realidad escolar actual, más centrada en lograr resultados del Simce o en cumplir con las múltiples exigencias de la subvención escolar que en construir modelos de vida democrática al interior de las aulas.

Finalmente, la insistencia de las autoridades –y con ellas de varios medios de comunicación- de criminalizar las acciones de los jóvenes, por más reparos que tengamos hacia ellas, solo incrementa el malestar, la rabia y la incapacidad de estos estudiantes de dialogar públicamente. Si queremos erradicar la violencia de este grupo pequeño de establecimientos, la solución no es expulsar. Las soluciones están ligadas a la educación, pero además a la generación de condiciones reales del sistema escolar para integrar socialmente a los estudiantes, disminuir la desigualdad y contribuir a que estos construyan proyectos de vida en ambientes democráticos y esperanzadores.

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