SEÑOR DIRECTOR

A más de 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Chile no ha cumplido las obligaciones contraídas en virtud de ella. Si bien han existido proyectos de ley que buscan avanzar en su cumplimiento, nuestro país aún no cuenta con un sistema que les garantice el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos, lo que pretende implementar el proyecto conocido como “Ley de garantías de la niñez”, ingresado a tramitación el 24 de septiembre de 2015.

No se desconocen algunos avances, pero, en general, los cambios que han existido obedecen a contingencias puntuales, que no exhiben, ni en este gobierno ni en los anteriores, una visión clara, profunda e integral de las necesidades de niños, niñas y adolescentes, que permita al Estado de Chile cumplir con su obligación de prevenir las vulneraciones a sus derechos, centrándose en la adopción de medidas reactivas, habitualmente inoportunas, ineficientes e ineficaces, que reproducen en el tiempo hechos que afectan el desarrollo armonioso e integral de ellas y ellos.

Otros cambios han sido anunciados como medidas radicales que no son tales, como ocurre con el Servicio de Protección Especializada, que reemplazará a Sename en el ámbito proteccional, el que, a pesar de todo lo recomendado por el Comité de los Derechos de

Niño y por la Defensoría de la Niñez, mantiene el perverso sistema de incentivos por medio de la subvención a OCA, lo que perpetúa la visión asistencialista y caritativa del Estado, en que delega a privados su deber de protección, por lo que todo augura -aunque esperamos equivocarnos-, un modelo de intervención que no implica un cambio riguroso en la atención de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado.

Esta ley de garantías, tras siete años de tramitación y gracias al empuje de la sociedad civil, de congresistas comprometidos con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y de instituciones como la Defensoría de Niñez, ha concluido su tramitación y, a pesar de ello, y de la celebración que el Poder Ejecutivo realizó del avance legislativo, se anuncia un veto que, priorizando peticiones de adultos y no los derechos de niños, niñas y adolescentes, retrasa su promulgación y merma, severamente, el reconocimiento de ellas y ellos como sujetos de derecho, contrariando de manera incomprensible su eslogan y discurso de “los niños primero”, evitando que este sistema, cuya carencia por más de 30 años nos debe avergonzar, sea cuanto antes una realidad.

Patricia Muñoz

Defensora de la Niñez