Todos días nos enteramos de escándalos de corrupción municipal. Pagos extras para conseguir patentes, tratos directos para ganar licitaciones, contratos "mentirosos" para abultar los sueldos de los funcionarios, etc.

También nos enteramos de que las unidades regionales –como Viña del Mar y al parecer también Melipilla, San Fernando, Coquimbo, Calama, Illapel y La Florida– no usan una única fórmula para calcular el déficit contable, y que la Ley Orgánica de Municipalidades opera más en el papel que en la realidad.

En algunas administraciones, pareciera que hacer las cosas por debajo de la mesa es una práctica habitual y aceptada. No por nada los municipios están entre las instituciones con mayor percepción de corrupción. Según la encuesta que el año pasado realizó el Instituto Libertad y Desarrollo, en una escala de evaluación de 0 a 10, los municipios obtuvieron nota 6,5; tres décimas más abajo que en la consulta efectuada en 2017.

Pese a ello, no vemos a las municipalidades con planes concretos para prevenir la corrupción. Solo se observan casos aislados en algunos municipios, que han implementado herramientas tras verse enfrentados a grandes escándalos. Pero nada que vaya a mover realmente la aguja.

De partida, las contralorías carecen de atribuciones fundamentales y de independencia, en muchas de ellas no existen comités de ética adecuados y los vecinos cada día confían menos en los canales de denuncia. Los concejales, que dentro de sus atribuciones tienen derecho a investigar los actos del alcalde y, en particular, la ejecución del presupuesto municipal, tampoco hacen mucho. Y si lo hacen, sus denuncias muchas veces tienen más olor a ataque político que a una preocupación verdadera por hacer las cosas en beneficio de los vecinos. No hay que olvidar, además, que un concejal es casi siempre "un alcalde en potencia" y eso debilita la objetividad al minuto de fiscalizar.

Todos los municipios, sin excepción, están expuestos a un riesgo de corrupción. Por las atribuciones que tienen y por la enorme cantidad de transacciones que realizan. El primer paso es entender que en el combate contra la corrupción no hay caudillos ni "zares", solo programas integrales de ética, transparencia y buen gobierno. Es fundamental implementar sistemas de monitoreo que inhiban al funcionario a cometer actos cuestionables, con canales confiables de denuncias anónimas y protocolos de investigación.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), ratificada por Chile, establece estándares, políticas, procesos y prácticas comunes para combatir la corrupción en los municipios. En sus escritos promueve, por ejemplo, la creación de un Comité de Ética y una Contraloría independiente para atacar la corrupción, iniciativas que en países como Noruega, Alemania y España constituyen una obligatoriedad.

El cambio es necesario. Y hoy es más posible que nunca. La sociedad chilena ha reducido su tolerancia a la corrupción, y los tribunales parecen estar más capacitados que antes para desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Sería un gran avance que los políticos comprendieran que un control profesional e independiente no solo es garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar.

Vamos por ese cambio y dejemos de lado la política partidista.