En el Congreso se discute un proyecto de ley que tiene por objeto terminar con el actual sistema de financiamiento vía créditos para estudiantes de educación superior, el famoso CAE, y reemplazarlo por un sistema distinto, el FES. Para analizar el FES debemos tener claridad sobre el propósito de un sistema de financiamiento estudiantil. Dada la importancia que tiene la educación superior para la economía y la justicia social del país, así como también para la vida de las personas, resulta fundamental la intervención del Estado para asegurar acceso a quienes teniendo los talentos no tienen los recursos. Atendiendo al costo alternativo de los recursos y a los altos retornos privados que conlleva haber completado estudios en educación superior (los retornos en Chile son los más altos de la OCDE), resulta justo que quienes recibieron ayudas para estudiar luego devuelvan al Estado la ayuda recibida.

El actual CAE cumple con este propósito, pero tiene dos problemas. Por una parte, resulta excesivamente oneroso para el Estado por la alta morosidad en los pagos y, por otra parte, se mantienen condiciones abusivas para algunos beneficiarios, en particular, para quienes se encuentran morosos. La propuesta del gobierno subsana el primer punto, estableciendo un sistema de cobro mucho más eficiente que promete reducir la morosidad y con ello el costo fiscal. El segundo punto no lo subsana del todo. Si bien ofrece condiciones favorables para los beneficiarios de bajas rentas, eximiendo del pago a quienes tienen una renta inferior al sueldo mínimo y bajando la cuota de pago del 10% al 8% de la renta anual; establece condiciones muchos más abusivas que el CAE para beneficiarios de altas rentas. En las indicaciones que presentó el Ejecutivo se establece un límite de pago, a saber, haber pagado el 90% del tiempo establecido y 3,5 veces el costo de los estudios. Si convertimos esto a un crédito, para una carrera de cuatro años el crédito recibido sería de UF + 16,2% de interés anual, casi tres veces más que la tasa de interés del CAE original y ocho veces más alta que la tasa actual del CAE. No deja de sorprender que los paladines de la moral, que tildaron a la banca de usurera por cobrar una tasa del 6% hoy nos ofrezcan tasas del 16%. ¿Por qué el mismo monto si es tasa de interés es diabólico, pero si es un impuesto o contribución es justa? ¡La semántica hace milagros! Pero no hay que irse al extremo superior para encontrar esta aberración. Para cualquier beneficiario de altas rentas, el FES entregará peores condiciones que el CAE. Un estudiante de Medicina de la Universidad de Chile con una remuneración promedio según Mi Futuro terminará pagando en total más de 40 millones de pesos que con el CAE. Un estudiante de Derecho en la Universidad Diego Portales con renta promedio pagará 14 millones de pesos más.

Pero el principal problema del FES no es este, sino la brutal reducción de recursos para las instituciones de educación superior producto de la prohibición del copago a los estudiantes de los primeros nueve deciles. Esta medida arriesga la sostenibilidad económica de las instituciones, lesionando la calidad de sus proyectos educativos y autonomía. Si sumamos el efecto del FES y la gratuidad, y consideramos que todos los estudiantes finalizan sus estudios en el plazo nominal, las instituciones adscritas a gratuidad recibirían cerca de 460 millones de dólares anuales menos. Una cifra subestimada, toda vez que el grueso de los estudiantes no termina en el plazo nominal y no se consideran las instituciones no adscritas a gratuidad que comprenden al 31% de la matrícula de educación superior. A ello se sumaría el aumento de la segregación socioeconómica en el sistema, replicando la lógica del sector escolar. ¿Por qué ocurre esto? Porque el FES no tiene como primer propósito el financiamiento estudiantil, sino el control de la educación superior a través de la fijación de precios y vacantes, cuya carnada es la famosa gratuidad.