Desde el inicio de la crisis social, la actividad económica ha descendido, lo que se refleja en las altas cifras de despido reportadas por la Dirección del Trabajo. Hoy la tasa de desocupación es mayor entre las mujeres (7,7%) que entre los hombres (6,5%), según las últimas cifras disponibles del INE.

Para hacer frente a este escenario, el gobierno presentó un proyecto que busca proteger el empleo y, entre otras medidas, propone la reducción temporal y pactada por hasta un 50% de la jornada laboral, con un complemento de hasta un 25% del salario del trabajador/a, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. A ello se suma el debate en el Congreso por la reducción de la jornada laboral, si bien la Mesa Técnica convocada para analizar esta reforma recomendó suspender temporalmente su tramitación, y propuso, a la luz de la experiencia internacional, fórmulas para incluir adaptabilidad y gradualidad en su implementación.

Se trata de una discusión que desafía a la clase política y que se debe abordar con perspectiva de género, ya que se trata de medidas que afectan de manera distinta a hombres y mujeres. Según la ENUT de 2015, la carga global de trabajo (tiempo destinado al trabajo remunerado y al no remunerado), en un día hábil tipo de las y los ocupados, alcanza las 52,5 horas promedio entre las mujeres y 43 horas entre los hombres. En otras palabras, una mujer promedio en Chile trabaja más que la actual jornada completa legal, e incluso más de 48 horas, tiempo considerado excesivo por la OIT (2008) y también el momento cuando la productividad empieza a ser negativa (Pencavel, 2014).

Porque trabajadores y trabajadoras no aparecen espontáneamente en sus espacios laborales, sino gracias al trabajo doméstico y de cuidado que les permitió llegar allí, es necesario valorarlo. Estas tareas son condición necesaria para generar riqueza y reproducir el sistema económico y social, a pesar de que son doblemente castigadas al no ser remuneradas ni contar con previsión social, seguros o vacaciones. Recientemente, ComunidadMujer estimó que el aporte al PIB de estas labores alcanza el 22%, superando incluso a la minería, el comercio y la industria manufacturera.

Se trata de una invitación a un cambio de mirada, reconocer estas labores y transitar hacia una comprensión amplia del trabajo —que incluya las responsabilidades familiares y tareas domésticas—, propiciando un mejor diseño del espacio laboral. A su vez, dentro del espacio doméstico, es crítica su redistribución de manera equitativa y corresponsable, para que la futura reducción de la jornada laboral signifique también para ellas un mayor bienestar, a través de más espacio de descanso y oportunidades en el uso del tiempo.

Un nuevo mundo laboral debe emerger de la crisis y para ello se requiere impulsar el desarrollo de una Estrategia Nacional para la Calidad de Vida Laboral, demostrando una potente voluntad política para renovar y resignificar este espacio, en el que mujeres y hombres desarrollamos gran parte de nuestra vida.

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