Más de 156.000 niños ingresaron en 2024 al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename). El mismo año nacieron algo así como 135.000 niños en el país. Son esas dos cifras las que contrapone Claudio Castillo, director del servicio, en una entrevista publicada el fin de semana pasado, intentando dar cuenta de la magnitud de la tragedia. Según el relato de Castillo, el servicio está sencillamente sobrepasado: no solo ha aumentado el total de niños que entran (y esperan entrar) al sistema, sino que también ha crecido la cantidad de lactantes –¡lactantes!– en la misma situación, abandonados por padres sumidos en la drogadicción y el narcotráfico. Al mismo tiempo, no hay capacidad institucional (ni pública ni privada) para recibirlos a todos, y aunque las residencias son presionadas a hacerlo, estas se resisten: es cada vez más difícil hacerse cargo de un niño, por la cantidad de recursos y dedicación que, con esas trayectorias, requieren. Y como muchos de esos niños demoran o no logran entrar al sistema, quedan a su suerte: permanecen en hospitales; viven con “terceros significativos” que, por un motivo u otro, no pueden asumir su custodia; o se encuentran aún dentro de los contextos de precariedad por los cuales fueron derivados a una institución de protección. A casi diez años de la brutal muerte de Lissette Villa en una residencia del Sename, que evidenció el estado en que se encontraba el servicio, y poco más de cinco de la reforma que intentó renovarlo, las cosas solo parecen haber empeorado.

Todo este cuadro se agrava ante la constatación de que el lamento de Castillo no impacta como debiera. Los últimos días están marcados por la polémica derivada de los recortes prometidos por uno de los candidatos presidenciales o por las peleas internas del oficialismo, y no por la atención a estos datos. El debate político parece detenerse en ellos solo a propósito de algún episodio macabro difundido en las noticias, pero para mostrar el escándalo y la preocupación correspondientes, no para ofrecer algo sustantivo. Esa es parte de la severa crisis de nuestra política. Nacen pocos niños en Chile y de los pocos que nacen, infinitamente más de lo que debiéramos aceptar como tolerable, terminan ingresando a instituciones de protección. Porque no pueden o no quieren cuidarlos. Y, al parecer, a nadie le importa demasiado.

Por cierto, el panorama es sumamente complejo y es una obviedad afirmar que tomará tiempo introducir mejoras. La pregunta es cómo la política es capaz de asumir esto como un problema prioritario, y volverlo objeto efectivo y protagónico de su actuar. Porque la palabra aguanta demasiado: sobran los recursos retóricos con que los políticos prueban, de cuando en cuando, su preocupación por el tema. Sin ir más lejos, nuestro actual Presidente ha declarado en varias ocasiones su interés por el destino de los niños y niñas de nuestro país. En la cuenta pública de este año, en medio de los anuncios en materia de infancia, el mandatario señaló: “Por eso les quiero hablar a los niños y a las niñas de Chile, que además nos han dado tanto cariño y apoyo. Aunque no puedan votar, no importa, los hemos estado escuchando”. No se trata de poner en duda la intención del Presidente Boric, pero sí de subrayar sus contradicciones: mientras afirma esta prioridad, la Ley de Presupuestos recortará recursos a la educación inicial. Y no es una cuestión puntual: la nueva izquierda, vocera de los oprimidos, ha hecho de la gratuidad universitaria su punta de lanza, que es la forma más concreta de refutar la idea de que los niños están siendo escuchados. Al contrario, van quedado una y otra vez al final de la fila. Tal vez sea ingenuo esperar algo así, pero no perdemos nada pidiendo a los que hoy intentan llegar a La Moneda que este tema sea el centro de cualquier gobierno de emergencia. No hay otro lugar por donde sea más urgente y necesario partir.

Por Josefina Araos, investigadora del IES