Modernización notarial: ¡(Des)Archívese!

NOTARÍAS



Olvidada al fondo del cajón. Así está la posibilidad de perfeccionar el sistema notarial de nuestro país. Pareciera ser que su ineficiencia, poca innovación y altos costos no bastan para impulsar la modernización de un rubro que no ha vivido casi ningún cambio desde comienzos de la década del 80; y esto no ha sido porque su funcionamiento es el mejor. Desde 2007 que los distintos gobiernos han intentado generar reformas que apuntan a la desnotarización de las gestiones y trámites innecesarios, impulsar actualizaciones tecnológicas, mejorar su fiscalización, y optimizar el régimen de nombramientos de notarios y funciones similares, entre otros objetivos. Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para el Congreso, el cual, inexplicablemente, insiste en congelar un avance tan necesario.

La Fiscalía Nacional Económica publicó en 2018 un estudio que esclarece muchos de los problemas que el sistema notarial debiese solucionar. En resumen, explica cómo la obsoleta regulación actual dificulta por una parte la vital competencia, considerando que entrega derechos exclusivos de ciertos servicios -la mayoría considerados “trámites de mesón” que podrían ser delegados en más personas- a un número fijo de abogados; y por otra, pone muchas trabas para usar en los procedimientos internos las ventajas tecnológicas que les permitiría estar a la altura del siglo XXI. Esto, además de ineficiencias, conduce a costos indirectos que suman aún más a aquellas ganancias monopólicas que obtienen los notarios durante años, cobrando precios muy superiores a los establecidos en el arancel que rige su actividad.

Existe además un hecho que, a mi juicio, es de una ética dudosa: actualmente, más de la mitad de los notarios, conservadores y archiveros en Chile tienen un lazo familiar con un funcionario o exfuncionario del Estado. Este revelador antecedente permite al menos exigir un mérito más presente, además de una mayor transparencia en los opacos procesos de selección de dichos cargos, no solo por el hecho de que hay casos en que candidatos bastante calificados han postulado decenas de veces a puestos que siempre pierden en la recta final, sino también porque hoy tenemos notarios que ganan en promedio 14 millones de pesos mensuales, ubicándolos en el 0,5% más rico del país.

No comprendo por qué la Corte de Apelaciones ordenó a las notarías de su jurisdicción, en un momento donde el distanciamiento social era clave, no usar sistemas computacionales a pesar de ser técnicamente viable. Me cuesta encontrar una respuesta válida para entender por qué a pesar de que el Ejecutivo renovó en más de diez ocasiones la urgencia a su proyecto de modernización de este sistema, el Senado insiste en detener su progreso. Al parecer, el motivo que frena su perfeccionamiento es el mismo que retrasa la necesaria modernización estatal, desafío que debiese ser central este 2021 que ya llega. Creo que mucho mejor sería guardar en aquel cajón ese intenso lobby que prima en el poder notarial, que no está permitiendo revertir el estancamiento de un avance que es tan imperioso.

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