Valentina Durán

Valentina Durán

Abogada, Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho U. de Chile

Opinión

Nace el primer Tratado ambiental de América Latina y el Caribe


En 1992, en Río, los Estados de las Naciones Unidas suscribieron una Declaración que en su Principio 10 afirma que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, reconociendo una tríada de derechos de acceso inseparables: a la información ambiental, a la participación y a la justicia ambiental. Estos derechos se acompañan de los  deberes correlativos de los Estados, de facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos, y de proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, en casos de daños ambientales y otros recursos.

Casi 26 años después, el 4 de marzo de 2018, en Escazú, Costa Rica, 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron el texto del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, o Acuerdo de Escazú de Democracia Ambiental, luego de tres años de negociaciones al amparo de la CEPAL. Es histórico porque es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y es inédito porque se negoció con una participación activa del público, sirviendo de modelo para que otras negociaciones internacionales se desarrollen con iguales modalidades de transparencia y participación.

El tratado refuerza la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, consolidando la relación entre derechos humanos y medio ambiente siguiendo las tendencias jurisprudenciales recientes, todo ello en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°16 de la ONU, relativo a la justicia y las instituciones sólidas para la paz.

El acuerdo fija un piso de condiciones mínimas, en tanto los Estados se comprometen a avanzar progresivamente en la implementación de estos derechos de acceso, y muy importante, a no retroceder y a rendir cuenta a la Conferencia de las Partes de sus avances, en beneficio nada menos que de más de 500 millones de personas.

A dos años de la muerte de la activista hondureña Berta Cáceres, es también el primer tratado jurídicamente vinculante que contiene una disposición de protección a los defensores ambientales, en una región que ostenta un triste record de amedrentamientos y muertes de defensores ambientales.

Nuestro país ha conocido importantes avances en derechos de acceso en los últimos 15 años, con la consagración constitucional de la publicidad de los actos de la administración, y luego con la reforma ambiental de 2010 y su posterior implementación, pero tenemos aún grandes desafíos para una mayor democracia ambiental.

En ese contexto, es motivo de orgullo saber que el proceso fue impulsado por Chile en la Cumbre de Johannesburgo en 2012 (Río +20) y luego liderado por nuestro país junto a Costa Rica, hasta la adopción finalmente, de un acuerdo ambicioso y vinculante.

Tratándose entonces de una política de Estado, que motivó un gran esfuerzo diplomático, podemos confiar en que nuestros representantes serán los primeros en acudir a la cita en la sede de la ONU en Nueva York, cuando el 27 de septiembre de 2018 este histórico tratado se abra para su firma, iniciando así el camino para su ratificación y plena implementación.

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