Los intentos de una serie de parlamentarios de oposición para que el próximo viernes 17 sea feriado irrenunciable -por ley ya es un día de asueto, para empalmarlo con el 18 y 19 si acaso éstos caen en fin de semana- no lograron prosperar, al menos para este año, debido a que al no lograrse la unanimidad ni en sala ni en los comités de la Cámara para despacharlo cuanto antes al Senado, el proyecto de ley no alcanzará a tramitarse a tiempo. Aunque sus impulsores insisten en que este proyecto es un acto de justicia con los trabajadores y las Pymes, lo cierto es que iniciativas como estas se alejan de la seriedad con la que el Congreso debería entender su labor, desatendiendo las fundadas objeciones que se han formulado en contra de este proyecto.

La forma en que se ha tramitado esta iniciativa sigue replicando la improvisación que ya se ha hecho costumbre en sede legislativa. El proyecto fue ingresado recién el 1 de septiembre, lo que ya sugiere que detrás de ello se escondía una motivación cortoplacista. Algo similar ocurrió con el feriado de los pueblos originarios que comenzó a regir este año, el que también se tramitó en la antesala de la fecha. Lo propio ocurrió con el 15 y 16 de mayo, fin de semana en que tuvieron lugar las elecciones de convencionales, alcaldes, concejales y gobernadores, donde apresuradamente se legisló para hacerlos feriados irrenunciables, sin ninguna necesidad de ello.

Chile ya figura entre los países con mayor cantidad de feriados a nivel OCDE -para este año un total de 16, contra una media de 11 en el bloque-, realidad que inevitablemente lleva a interrogarse sobre los criterios que se han seguido para justificar tal cantidad de festivos. Si bien las conmemoraciones son parte fundamental de la tradición de un país, es equivocado suponer que ello solo se puede realzar mediante feriados; tampoco debe perderse la perspectiva de que los días festivos también suponen importantes costos en términos productivos -sobre todo si son irrenunciables-, por lo que se debería ser cuidadoso en la forma como ello se legisla.

En ese orden de cosas, resulta preocupante que los impulsores de este feriado hayan esgrimido, entre otras justificaciones, el hecho de que al estar cerrados los malls y grandes supermercados con ello se beneficiaría sobre todo al pequeño comercio, que sí podría funcionar, una forma -aseguran- de “nivelar la cancha”. Esta lógica excede el marco propio de la pertinencia de un feriado, y en cambio se asemeja a una intervención directa sobre el mercado, tal de impedir discrecionalmente el funcionamiento de unos para beneficiar a otros. Esta forma de razonar excede los límites en que el Estado puede intervenir en la economía, constituyendo además una extralimitación de las atribuciones parlamentarias.

Este postergado proyecto de ley, además de que resultaba totalmente ajeno a la realidad que vive el país -parece una insensatez restringir el comercio, las posibilidades de empleo o de percibir ingresos extras justo cuando las familias más lo necesitan- pone nuevamente en alerta sobre la proliferación de iniciativas parlamentarias completamente alejadas de lo que deberían ser las buenas políticas públicas, tal como ya se ve con la discusión de un cuarto retiro desde las AFP.