Gonzalo Cordero

Gonzalo Cordero

Abogado

Opinión

Patoteros

La familia Frei acusa a Castillo de no haber revelado que existía una autopsia.

Soy un ferviente admirador del estado liberal y democrático de derecho, porque es una de las ideas más brillantes que ha producido el ser humano. Es verdad que del concepto a su aplicación práctica puede haber mucha diferencia y que algunos pretenden hacer pasar por democracia verdaderos remedos, algo así como jurel tipo salmón. Pero la civilización es sinónimo de una organización social en que todos somos iguales y responsables ante la ley; en que el poder está limitado y controlado; en que nadie puede ser sancionado sin un proceso previo racional y justo; en que los jueces son independientes y gobierna la ley.

Una de las mayores cualidades de esta organización política es que las exclusiones son excepcionales y, al decir de los juristas, siempre de derecho estricto. Es decir, nadie puede ser privado de ocupar una posición, especialmente en el ámbito de lo público, sino en aplicación de una ley y luego de ser sancionado con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Lamentablemente, no todas las sociedades se organizan y gobiernan así, ni tampoco en los países democráticos el imperio de la ley alcanza a todos los rincones; a veces hay barrios en que se instala la ley del más fuerte, en que el espacio público lo controla la “patota”, un grupo vociferante y abusivo. Las sociedades progresan cuando la patota retrocede y es reemplazada por el poder institucionalizado.

Hago estas reflexiones a propósito del veto que sectores de oposición han levantado contra el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. Algunos parlamentarios han anunciado que no lo dejarán ingresar a las sesiones del Congreso y que no lo reconocen como interlocutor en cuanto autoridad del Estado. En definitiva, anticipan que ejercerán sus atribuciones para sancionarlo, impidiéndole -fuera de todo procedimiento- ejercer el cargo en el que fue constitucionalmente designado por el Presidente Piñera.

El subsecretario Castillo, como cualquier persona, debe responder de sus actos, y si alguien tiene un reproche legal que hacerle, pues que se lo haga y lo lleve a tribunales; si la imputación es política, entonces que se formule ante la opinión pública y sus acciones, pretendidamente reprobables desde un punto de vista ético, se expongan al juicio de los ciudadanos. Pero lo que no se puede hacer es llevar a las instituciones democráticas la lógica de la patota, vetándolo, excluyéndolo, imponiendo la propia voluntad simplemente porque se tiene poder para hacerlo.

La familia Frei y la inmensa mayoría de los parlamentarios de oposición son demócratas respetuosos de las instituciones, que no necesitan recurrir a la lógica patotera para buscar la verdad, y mucho menos para conseguir justicia.

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