El desarrollo económico y social de los vilipendiados “30 años”, dejó entre sus mayores logros el de la reducción de la pobreza. Gracias a lo ocurrido en ese tiempo, la última encuesta de Casen de 2022 situó a un 6,5% de la población, alrededor de 1.200.000 personas, con carencia de ingresos suficientes para financiar sus gastos de subsistencia. Aún es mucha gente, pero comparado con las cifras de los 90, circa 40%, el resultado es notable. Quizás por ello, la pobreza dejó de ser tema prioritario.

Sin embargo, estudios recientes que buscaban medir la pobreza multidimensional arrojaban luces de una realidad distinta. Corroborando esas aprehensiones, la Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, modificando la metodología, pero con los mismos datos de la Casen de 2022, señaló hace poco que la pobreza sería de un 22,3% y afectaría a unas 4.200.000 personas, algo que es de otra dimensión.

Más allá de la discusión metodológica, esta información debe producir un profundo remezón en nuestras autoridades. Atravesamos un período con nulo aumento del PIB, inversiones estancadas y una cesantía que se acerca al millón de desempleados. De perseverar en ello, el porvenir se ve ensombrecido. La liviandad de quienes creen que estamos bien revela indiferencia ante la alicaída economía nacional y la grave precariedad en que viven millones de compatriotas.

En un año de decisiones electorales claves, corresponde sincerar qué camino se propone para revertir esta situación. Persistir en la ruta seguida en este intervalo implica continuar creyendo en que el progreso requiere de un fuerte control regulatorio de la economía (algunos incluso anhelan la propiedad estatal de los medios de producción), con alzas de impuestos a las empresas y mayor gasto público en el ámbito social. Hay temor y desconfianza a gatillar las fuerzas del emprendimiento, con libertad, apertura de mercados e incentivos al capital extranjero, y con un Estado que facilite la actividad del sector privado, evitando normativas inútiles y trabas burocráticas que limitan su eficacia, mas asegurando el acceso a bienes públicos de calidad.

Imbuidos en el loable propósito de disminuir las desigualdades, quienes conducen el país parecen creer que lo esencial está en terminar con la riqueza, en lugar de crear las condiciones para terminar con la pobreza. “Hay que quitarles los patines para emparejar la cancha”, exclamó una de sus figuras emblemáticas, mientras un elevado número de diputados oficialistas (42) va en estos días al TC para impedir la aprobación de un modesto proyecto de su gobierno que intenta aligerar la permisología.

Un estudio del Centro de Estudios Públicos concluyó que el 91,9% de la reducción de la pobreza ocurrida entre 1990 y 2017, provino del crecimiento económico, dato duro que no logra inclinar la aguja.

Cuando hablamos de más de 4 millones de personas viviendo en condiciones paupérrimas, es un escándalo social continuar bajo el influjo ideológico y no adoptar políticas que ataquen el problema en su raíz.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario