Preocupante señal ante promoción de “perdonazo”

De las 437 mil personas que accedieron indebidamente a los bonos, 37.100 son funcionarios públicos.

Resulta irresponsable que un grupo de parlamentarios intente justificar el que miles de personas hayan solicitado indebidamente el bono de clase media, relativizando la probidad y el cumplimiento de la ley.




La revelación de que 437 mil personas obtuvieron indebidamente el llamado bono clase media -que implica un beneficio de hasta $ 500 mil para aquellos trabajadores con rentas de hasta $ 2 millones y que lograran acreditar una reducción de a lo menos 30% de sus ingresos en el corto plazo- ha generado amplia preocupación, por las implicancias que representa una situación de esta naturaleza. Aún más desconcertante es que de ese universo, 37 mil correspondan a funcionarios públicos.

Se habría esperado una reacción unánime en cuanto a condenar que se pueda estar haciendo un mal uso de los recursos fiscales, mediante la defraudación de la fe pública, considerando que como una forma de agilizar la entrega del bono se optó por una declaración jurada por parte de los beneficiarios, sujeta a una revisión posterior por parte del Servicio de Impuestos Internos, tal como de hecho sucedió.

Un grupo de diputados de oposición ha salido públicamente a rechazar que se amenace a los trabajadores con acciones penales -culpando al gobierno por la escasa claridad de cómo acceder al beneficio y por lo improvisada de dicha política, lo que haría “inmoral” trasladar la responsabilidad de ello a los trabajadores- y por lo tanto han propuesto un “perdonazo” para el conjunto de los beneficiarios. Para estos efectos ya se presentó un proyecto de ley que busca instaurar una “amnistía” a fin de evitar toda sanción penal, sin perjuicio de que el Fisco pueda posteriormente recuperar los fondos.

Resulta escandaloso que los parlamentarios no aquilaten la gravedad de lo sucedido, y promuevan condonaciones o amnistías cuando recién están en marcha investigaciones penales y administrativas, y se ha abierto la posibilidad para que los fondos sean restituidos en Tesorería hasta el 30 de noviembre, sin multas, reajustes ni intereses. Un poco más del 15% de los individualizados por el SII ya ha hecho el trámite, pero es previsible que frente a estas equívocas señales muchos de desistan de hacerlo, justamente ante la expectativa de un “perdonazo”.

Sin perjuicio de que el sistema presentó en sus inicios problemas, en términos generales siempre fue explícito que solo quienes pudieran demostrar fuertes caídas de sus ingresos tendrían derecho al beneficio. Si hubo personas naturales que no tuvieron cabal comprensión de los requisitos, habrán de demostrarlo en las instancias administrativas, y ello podría eximirlos de una sanción penal -no así de la obligación de restituir los fondos-, pero parece enteramente discutible que haya sido el caso de tantos funcionarios públicos, cuyos ingresos difícilmente se han visto afectados. El gremio de los empleados fiscales hasta ahora ha cerrado filas para justificar lo sucedido.

Mediante este tipo de acciones se está fomentando una irresponsable cultura del no pago en la ciudadanía o de incitar a la defraudación de los fondos públicos, lo cual no solo atenta en contra del principio de focalización -algo muy necesario en una crisis, donde las ayudas deben llegar a quienes más las necesitan-, sino que además se instala la percepción de que la debida observancia de la probidad y el respeto a la ley es algo relativo, dependiendo de las circunstancias.

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