Presunción de inocencia

Tribunales Servicio de Evaluación Ambiental

Fachada Palacio de Tribunales, Corte Suprema. Foto: Andres Perez



Chile vive una sequía del pensamiento, que a su vez se traduce en inacción en todos los estamentos políticos e institucionales llamados a impulsar el desarrollo de nuestro país y su gente. De hecho, los signos de parálisis legislativa reflejan la ausencia de ideas que puedan ser defendidas con vigor en el marco del debate público.

Ello explica que se eluda, más allá de una u otra frase rimbombante para la galería, debatir los problemas de fondo que surgen cuando los fallos de nuestros tribunales de justicia revelan entre otros, errores en el actuar policial, falta de control del Ministerio Público, arbitrariedades en el accionar de la Contraloría General de la República, y en general, situaciones que no se corresponden con un estado de derecho.

No es un dato menor que un reciente estudio indique que el Ministerio Público ha debido pagar, solo en costas judiciales por casos perdidos en los últimos cuatro años, más de 25 mil millones de pesos. Tampoco debiera ignorarse el reciente fallo judicial en San Antonio, en que un tribunal se negó a considerar pruebas obtenidas por la policía con infracción de garantías. En un estado de derecho vigoroso los ciudadanos están amparados por la presunción de inocencia, y la persecución penal debe ceñirse a estrictas normas procesales.

Ambas situaciones debieran ser fuente de profunda reflexión, sin embargo ha primado el silencio o el cálculo político para rehuir los problemas de fondo. Ello en circunstancias que tanto las millonarias costas pagadas por juicios perdidos como la imputación penal en base a prueba obtenida ilícitamente, evidencian como día a día se menoscaba el principio de presunción de inocencia.

La culpa y no la inocencia deben ser demostradas, y por lo mismo es la culpa la que configura el objeto de todo juicio penal. Con mucha lucidez escribía Montesquieu que "la libertad política consiste en la seguridad o al menos convicción que se tiene de la propia seguridad", de modo que "cuando la inocencia de los ciudadanos no está asegurada, tampoco lo está su libertad". Lo anterior explica que los derechos ciudadanos se vean amenazados no solo por los delitos, sino también por toda persecución penal arbitraria. Este es el sustrato del debate que nos debiera convocar pero que se prefiere ignorar.

El connotado filosofo chileno Jorge Millas en una antigua entrevista decía que gran parte de su obra estuvo dedicada a "pensar la peligrosa experiencia humana, vivir en sociedad y a recomendar algunas precauciones contra nuestra natural antropofagia, disimulada a veces con lindos nombres, como hambre de justicia, sed de infinito y amor a la patria".

En tiempos de redes sociales que motivan la búsqueda de una liviana popularidad virtual, nuestra natural antropofagia nos arrastra al borde un precipicio intelectual. Sin embargo, el hambre de justicia no puede saciarse infringiendo las más básicas garantías de todo ciudadano.

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