SEÑOR DIRECTOR:

“Se inicia un proceso que apuntará a saldar la deuda histórica del Estado hacia los pueblos originarios”. Con esas palabras, la Sala del Senado despachó en 2020 la reforma constitucional que estableció escaños reservados indígenas para la Convención Constitucional. Una acción de reparación frente a la tradicional marginalización, común en las democracias modernas.

Tres años después, o se olvidaron o parece ya no haber deuda pendiente. Con ausencia absoluta de alguno de sus miembros en la Comisión Experta y una fórmula de elección proporcional a la votación prácticamente imposible de lograr (se necesitan casi 190 mil votos para ser electo), lo más probable es que también quedemos fuera del Consejo Constitucional.

No existió desde los partidos ninguna propuesta seria para mantener el estándar de 2020, y el profundo miedo a la diferencia, evidenciado en el primer proceso, quitó fuerza a las organizaciones indígenas. Para algunos, esto es un castigo a una propuesta extremadamente “indigenista”, que junto con los derechos de género y la vivienda digna se transformaron en caballitos de batalla de la campaña del Rechazo.

En ese contexto, ¿es apropiado llamar a anular en la elección de consejeros y rechazar la nueva propuesta en el plebiscito de salida? ¿Será mejor pedir la papeleta verde y votar por alguno de los candidatos indígenas? Esto último, eso sí, no significaría validar un acuerdo social que tiene demasiadas condiciones para llamarlo “democrático”.

Cualquiera sea la decisión, las bases del proceso ya consideran el reconocimiento constitucional, anhelo histórico de la dirigencia indígena. Claro está, un reconocimiento que, en palabras del senador Huenchumilla, “no sabemos en qué sentido, con qué límites, con qué alcances”; es decir, podría ser uno “a la chilensis”, dentro de una Constitución “a la chilensis”, y ya todos sabemos de qué se trata aquello.

Cristina Ñancucheo Lincoñir