Pese a que hoy hay conciencia de la necesidad de transparentar el actuar policial, para que pueda ser controlado, lo cierto es que seguimos teniendo dificultades con la información que recibimos sobre las actividades que desarrollan.

La semana pasada nos enteramos por los medios de comunicación que Carabineros había realizado una masiva redada entre las 18 horas del viernes y las 7 del sábado. Sin embargo, una vez que se cuestionó el escaso número de detenidos que efectivamente había sido pasado a los tribunales, para sorpresa de todos se entregó una nueva información, diciéndosenos ahora que la operación había constado de dos fases, pues habría habido una previa entre el miércoles y el jueves, incluso bastante más exitosa que la que se hizo pública, pues en ella se practicó el 62% del total de las detenciones.

Así, las detenciones controladas por los tribunales pasaron del 27% que se había informado el pasado miércoles, al 72% que comunicó el Ministerio del Interior. Obviando la extrañeza de que los medios no se hubieran enterado en su momento del primer operativo, el hecho revela un problema importante pues el objetivo de estas redadas no es solo detener delincuentes, sino también que la ciudadanía perciba un decidido actuar de la policía.

Por otra parte, este procedimiento policial provocó una innecesaria tensión con los jueces, quienes reclamaron por las dificultades administrativas que les generaba la realización de una gran cantidad de controles de detención un día sábado.

Naturalmente, el aumento de la carga de trabajo no puede ser una razón para dejar de hacer estos operativos, pero es también así de obvio que el funcionamiento de un sistema requiere de coordinación entre todos los actores que lo integran, pues lo que haga uno incide en los demás y nunca se lograrán los resultados que se buscan a menos que todos los que intervengan lo puedan hacer adecuadamente.

El éxito de una redada no puede medirse en el número de detenciones, sino en la cantidad de decisiones judiciales a que dieron lugar, para lo cual se requiere contar con jueces, fiscales y defensores en número suficiente y la organización administrativa necesaria para atender las audiencias que se generen. Así como Carabineros se preparó para esta redada, las demás instituciones debieran haber podido hacer lo mismo.

Precisamente por entender que estamos ante un sistema que hace interdependientes a todas las instituciones es que la reforma procesal penal previó la creación de una Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, integrada por las máximas autoridades de las instituciones del sector, a la que posteriormente se le agregaron Comisiones Regionales de Coordinación. Sería lo lógico aprovechar estas instancias precisamente para coordinar situaciones como estas.

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