El nuevo informe de la misión independiente para investigar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela -instancia que opera bajo el alero de Naciones Unidas- ha aportado nuevos antecedentes sobre la grave situación de que aqueja al país, producto de políticas destinadas a amedrentar a la oposición y acallar los espacios de disidencia. Esta vez el énfasis estuvo puesto en el rol que ha jugado el Poder Judicial, donde se ha podido documentar que lejos de haber ejercido un rol de control y defensa de las víctimas, abundan los casos en que sus actuaciones van de la mano con las ofensivas del régimen. La falta de un sistema judicial independiente no hace sino confirmar que Venezuela ha devenido en una dictadura, por lo que las garantías esenciales de la ciudadanía están peligrosamente desprotegidas.

En su primer reporte -que fue dado a conocer el año pasado- se pudo dar cuenta, entre otros hechos, de que los servicios de inteligencia han sometido a una serie de detenidos a prácticas de torturas -incluida violencia sexual-, tratos crueles o degradantes, desapariciones temporales, así como ejecuciones extrajudiciales, donde ya se cuestionaba el rol desempeñado por el Poder Judicial.

El nuevo informe es concluyente en cuanto a que el sistema de justicia venezolano “jugó un rol significativo en la represión estatal a los opositores al gobierno”. Entre las graves irregularidades que se han detectado, figuran la dictación de prisiones preventivas como prácticas habituales y no como una medida de excepción; asimismo, se indica que el sistema judicial brindó protección a los arrestos ilegales, expidiendo órdenes de detención retroactivas, las que en algunos casos incluso abarcaron períodos en que los detenidos fueron objeto de tortura. Las cortes también consintieron en que evidencia conseguida bajo apremio fuera admitida, fallando también en brindar protección a víctimas de tortura, al enviarlas de regreso a sus lugares de detención, incluso existiendo evidencia notoria de haber padecido tormentos físicos. También se pudo documentar que algunas audiencias fueron demoradas meses o años, tiempo en el cual las personas acusadas seguían bajo prisión preventiva.

El panel a cargo del informe encontró bases razonables para suponer que actores políticos de alto nivel han ejercido influencia significativa sobre el sistema judicial; la dictación de normas que a través del tiempo han minado la independencia judicial, y el deterioro de la imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia terminan de configurar un cuadro donde la administración de justicia parece totalmente funcional al gobierno.

Frente a ello, es predecible que la sistemática vulneración de las garantías fundamentales no tiene posibilidades de ser contenida; de allí que cualquier negociación entre gobierno y oposición -como la que tiene lugar ahora bajo la mediación del gobierno noruego- necesariamente pasa por restituir la independencia del Poder Judicial y compromisos expresos del régimen en materia de cumplimiento sobre derechos humanos. La respuesta internacional frente a estas tropelías, sin embargo, continúa siendo débil, tal como se pudo constatar en la reciente cumbre de la Celac, donde Nicolás Maduro, así como el Presidente de Cuba, estuvieron dentro de los jefes de Estado participantes, sin mayores cuestionamientos.