No cabe duda de que constituye una anomalía que dentro del Congreso Nacional existan decenas de funcionarios que gozan de abultadas remuneraciones, sin que ello aparezca justificado. Hay casos particularmente notorios, como en el caso de la Biblioteca del Congreso, donde hay una treintena de funcionarios que perciben rentas brutas iguales o superiores a los 7,3 millones; asimismo, hay profesionales -sin necesariamente ostentar rango jerárquico- que obtienen rentas superiores a los $ 8 millones, en tanto que ciertas jefaturas pueden superar los $11 millones, mientras que algunos directivos -es el caso, por ejemplo, de los secretarios de comisión- pueden lograr rentas que superan los $ 17 millones brutos. Se da así el contrasentido de que esta escala de sueldos no solo supera en muchos casos la remuneración del propio Presidente de la República -actualmente en el orden de $ 7 millones brutos-, o incluso de los mismos parlamentarios, cuya dieta mensual bruta ronda los $ 7,3 millones, sino que tampoco guarda ninguna relación con lo que se observa en la generalidad de la administración pública.

El Congreso es un poder autónomo para fijar su propia escala de remuneraciones, y ha sido producto de la entrega de un sinnúmero de beneficios entregados sin mayor control a lo largo de los años que estos pasaron a tener un carácter permanente, llegando a montos que se alejan de toda proporción.

De allí la importancia de iniciativas como la que ha impulsado el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, que acertadamente ha intuido el desconcierto y molestia que causa en la ciudadanía constatar semejante nivel de privilegios en el Congreso, y la urgente necesidad de introducir grados de racionalización. Para estos efectos el parlamentario se encuentra preparando un proyecto de ley que en líneas generales propondría la creación de una nueva planta para la Corporación, paralela a la actual, con sueldos ostensiblemente rebajados; la idea es que, a medida que los actuales funcionarios dejen sus cargos, sus reemplazantes entren con las condiciones de la nueva planta. A su vez, el proyecto contempla resguardos para que los actuales funcionarios no vean comprometidas sus actuales remuneraciones.

Se trata de una iniciativa que recién está siendo sensibilizada entre los distintos actores, y si bien en lo grueso parece bien encaminada, aun así despierta resistencia entre los funcionarios y también en una parte de los parlamentarios, lo que hace incierto su futuro. Se trata, además, de un proyecto que por su naturaleza requiere el patrocinio del Presidente de la República, sin que hasta aquí hayan existido señales de qué decisión tomará el Ejecutivo.

Independientemente de los detalles técnicos que habrá que afinar, sería incomprensible que una iniciativa de este tipo terminara por naufragar. El Congreso no puede pretender estar ajeno a la realidad del país, y su estructura de remuneraciones debe ser coherente con el resto de la administración pública. En ese orden de cosas, hace algunos años se creó una comisión para establecer las remuneraciones del Presidente de la República, parlamentarios y otros altos cargos, de modo que solo en casos excepcionales podrían justificarse remuneraciones por sobre dichos montos; asimismo, es indispensable no seguir dando motivos para que un órgano esencial para la democracia como es el Congreso profundice su imagen negativa ante la ciudadanía.