El mercado laboral local atraviesa por un momento especialmente complejo. El total de desocupados llegó a las 917 mil personas, la cifra más alta desde febrero-abril del año 2021, en plena pandemia. Esto explica el alza de la tasa de desocupación a 8,9%, 0,6 puntos porcentuales más que hace un año.

La creación de puestos de trabajo, por su parte, también se ha desplomado, toda vez que el mercado laboral no logra absorber el creciente número de personas que buscan empleo. Según el INE, en el trimestre marzo-mayo se generaron apenas 14.500 nuevos empleos, la cifra más baja desde la pandemia. A su vez, la tasa de desempleo femenino alcanzó un alarmante 10,1% en el trimestre marzo‑mayo, lo que desde luego resulta llamativo en una administración que se ha declarado esencialmente “feminista”.

En diciembre de 2024 el Banco Central, en su Informe de Política Monetaria (Ipom), alertaba que la dinámica salarial exhibía un comportamiento excepcional frente al estancamiento del empleo. Los salarios reales se habían recuperado tras la elevada inflación de años previos, acompañado de los ajustes al salario mínimo. En ese contexto, diversos expertos laborales se sumaron a esta preocupación del instituto emisor.

Si bien el crecimiento económico en la última década ha sido débil, en sí no explica por qué desde hace más de dos años nos encontramos sistemáticamente con una tasa de desempleo superior al 8%, cifra que es más propia de situaciones de crisis económica. Es previsible entonces que entre las razones del fenómeno se encuentren una serie de medidas que han incrementado los costos laborales, como por ejemplo el fuerte aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral a 40 horas, políticas que no obstante haber sido promovidas como importantes conquistas sociales y altamente beneficiosas para los trabajadores, a la par se han traducido en un aumento generalizado de los costos por trabajador. Ello puede estar explicando que las empresas -sobre todo las pequeñas y medianas- frenen nuevas contrataciones o, en el peor de los casos, recurran a despidos para sostenerse. Las cifras también ilustran que este tipo de medidas han terminado golpeando con mayor dureza a los sectores donde trabajan más mujeres.

En este contexto, preocupan algunas iniciativas que se discuten hoy tanto por el gobierno como en algunos programas presidenciales, que tienen el riesgo de profundizar la fragilidad del empleo. Es así como especialistas en derecho laboral y sindical advierten que la negociación ramal -estandarizando los convenios colectivos por sectores, sin diferenciación según tamaño de empresa- puede convertirse en una medida que termine por asfixiar a las micro y pequeñas empresas, al obligarlas a aplicar cláusulas y beneficios pactados con grandes firmas. Asimismo, fijar un “salario vital” de $750 mil, muy superior al nivel de mercado, sin escalonamientos ni vínculo claro con la productividad, tiende a excluir del empleo formal a los trabajadores de menor calificación.

De allí que es urgente vincular los ajustes salariales a la productividad y el ciclo económico, promover la flexibilidad y no la rigidez del mercado, abordando con prioridad la creciente brecha de desempleo femenino, donde resulta clave avanzar sin demora en el proyecto de sala cuna universal, el cual cumplirá seis años de tramitación en Congreso.