Una medida necesaria para enfrentar la crisis

El Presidente de la República decretó ayer estado de excepción constitucional de catástrofe a causa de la emergencia por el coronavirus que ya afecta a 238 personas. La medida, que se extenderá por 90 días, era un paso necesario ante la magnitud de la crisis sanitaria que no solo enfrenta el país sino el mundo. La pandemia ya ha infectado a más de 200 mil personas en el planeta y causado la muerte de más de ocho mil. El actual escenario que vive Europa, donde el virus se ha extendido aceleradamente y los contagiados superan los 80 mil, da cuenta de la rápida expansión de la enfermedad que exige acciones proactivas no solo de parte de la autoridad sino también de la ciudadanía. La gravedad del virus, en especial en los grupos de riesgo, exige a todos tomar conciencia y actuar en forma responsable. Hasta ahora la autoridad había tomado diversas medidas, como la suspensión de clases y el cierre de fronteras, pero a la luz de la gravedad del escenario la declaración del estado de catástrofe era un paso indispensable.

Como señaló el Mandatario, la medida permite “mejorar la cadena logística y el traslado de insumos”, “el resguardo en el cumplimiento de la cuarentena y las medidas de aislamiento” y “garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población”. Pero además de ello, faculta a la autoridad a limitar el tránsito de las personas y restringir reuniones en espacios públicos. Todas medidas que ya han tomado los países más afectados por la pandemia y que recomiendan los especialistas para evitar la propagación del virus y no saturar los servicios de salud. Hasta ahora se han visto casos de personas que en actitudes irresponsables han violado las recomendaciones y viajado pese a estar infectados, lo que plantea un serio riesgo para la salud pública.

 Si bien aún falta conocer el detalle de las medidas específicas que se adoptarán -lo que se hará en forma progresiva, según anunció el Presidente, de acuerdo a la evolución del virus-, parece inevitable avanzar hacia una mayor restricción del desplazamiento de la población fomentando prácticas como el teletrabajo, la estrategia recomendada por la OMS para contener la pandemia.

El actual escenario -considerando la gravedad de la crisis que enfrentamos, inédita en su amplitud y profundidad- exige la unidad de la clase política, dejando de lado el clima de enfrentamiento que ha primado en los últimos meses. No es el momento de intentar sacar pequeños réditos políticos y velar por mezquinos intereses partidistas. En ese sentido, son positivas las señales dadas por distintos representantes de la oposición que han expresado su apoyo al anuncio presidencial. La ciudadanía también debe actuar con responsabilidad, de ello depende además que no se tengan que endurecer las medidas para evitar la propagación del virus.

La ley otorga al jefe de plaza en los estados de excepción constitucional facultades para restringir garantías constitucionales básicas como el derecho de desplazamiento, reunión e incluso limitaciones al derecho de propiedad, y si bien éstas deben aplicarse con prudencia y cuando sean estrictamente necesarias será finalmente la profundidad de la crisis la que determine las futuras acciones a tomar. Para ello el comportamiento de la población será clave.