¿Vale lo mismo la seguridad policial?

La balacera de la noche del jueves 8 de agosto pasado en la población Carol Urzúa de Puente Alto ejemplificó de la forma más dura la desigual forma en que la seguridad pública viene enfrentando el tema de la delincuencia: las comunas más pobres de Chile son víctimas de una débil presencia del Estado en materia de seguridad, lo que contrasta con la presencia que existe en comunas de mayor patrimonio.Fueron más de 70 balazos perpetrados por un antisocial, que dejó cinco personas asesinadas a quemarropa al interior de un local de tragamonedas. Tras ese acto de horror, el delincuente escapó.

Inmediatamente, los alcaldes de las comunas más carenciadas de la Región Metropolitana alzaron su voz y acusaron de "clasismo" a la política de seguridad pública y pidieron soluciones de fondo.

Algo de razón tienen los alcaldes en su reclamo. Sin duda, llama la atención que la cobertura mediática y la reacción de las autoridades fueran menos intensas a las que generó un "lanzazo" y robo de automóvil en la comuna de Las Condes en esos mismos días.Todo esto reflotó la diferencia en torno a la asignación del personal policial en comunas del sector oriente versus el resto.

Según las estadísticas que manejan los ediles, mientras que Vitacura y Las Condes cuentan con un carabinero por cada 520 habitantes y uno por cada 570, respectivamente, la comuna de Renca tiene un policía por cada 999 personas y Cerro Navia uno por cada 1.230.Estos datos contrastan con la información del Centro de Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para el período enero a junio de 2019, en que hay cinco comunas -todas del área poniente- que triplican la tasa de homicidios de la Región Metropolitana. La capital tiene una tasa de 2,4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, las comunas de Independencia y Santiago tienen una tasa de homicidios de 7,4 por cada 100 mil habitantes; Recoleta y Cerro Navia de 7,8 y San Ramón una de 9,8.Preocupa el hecho de que las dotaciones policiales puedan estar distribuidas desigualmente a lo largo de Chile, lo que, de ser efectivo, revelaría que las balas tienen un peso distinto para la seguridad pública, dependiendo del lugar donde se disparen.

Es necesario que Carabineros transparente los criterios con que asigna sus recursos en las diferentes comunas de la Región Metropolitana y refuerce la seguridad en aquellas comunas y sectores del país que tienen mayores tasas de delincuencia.

De hecho, hace unos días el gobierno dijo que en 2020 se realizará un ajuste a la distribución de carabineros para evitar diferencias entre comunas, pero no se aclararon los criterios ni como se aterrizará la medida. Como Estado y como sociedad debemos hacernos cargo con urgencia.