A 13 días de la segunda vuelta, La Moneda pone presión a 17 proyectos de agenda de seguridad

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado (al medio), el subsecretario Juan Francisco Galli (a la izquierda), y el ministro de la Segpre, Juan José Ossa (a la derecha). Los tres lideran las negociaciones con el Senado para apurar la Ley de Armas.

La decisión de apurar estas iniciativas fue analizada en la reunión de comité político entre ministros y representantes del oficialismo. Según algunos asistentes, la idea es emplazar a la oposición, especialmente al PC y al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. No obstante, el gobierno dejó pendiente la urgencia de la Ley de Indulto, a pesar de la petición del oficialismo para poner ese tema en tabla.




Un total de 33 “discusiones inmediatas” (facultad que tiene el Presidente de la República para apurar la tramitación de proyectos de ley) ingresó este lunes La Moneda al Congreso para agilizar veintisiete iniciativas que se tramitan en el Senado y seis que están en manos de la Cámara de Diputados.

La ofensiva -que tiene como finalidad instalar un agenda que en teoría podría complicar al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric-, involucra a diecisiete proyectos con temáticas de seguridad ciudadana, reformas al Código Penal o normativas que buscan cortar la relación entre la política y la violencia.

No obstante, dentro de esa lista, La Moneda dejó pendiente la urgencia a la Ley de Indulto para los llamados “presos de la revuelta”. Algunas fuentes de Palacio sostienen que el tema aún está en evaluación, sin embargo, otros personeros de gobierno señalan que la medida ingresaría en los próximos días.

La calidad de “discusión inmediata” obliga a la respectiva rama del Congreso a despachar estas iniciativas en el plazo de seis días, es decir, antes del domingo 12 de diciembre. No obstante, muchas veces estas urgencias no se cumplen y no hay sanciones para los senadores o diputados que no pongan en tabla estas materias.

Además, a la lista se suma una nueva solicitud para prorrogar la presencia de militares en la Macrozona Sur, que fue nuevamente aprobada por la Cámara, a pesar de la resistencia de sectores opositores.

La decisión de apurar las reformas en materia de seguridad fue analizada el lunes en la reunión de comité político entre ministros y representantes de partidos del oficialismo.

Según algunos asistentes, la idea de esta agenda es emplazar a los legisladores de oposición, especialmente a Boric y al Partido Comunista, para que fijen posiciones en las últimas dos semanas antes de la segunda vuelta.

En la cita de ayer en Palacio, los representantes del oficialismo le pidieron especialmente al Ejecutivo que apurara la discusión de la Ley de Indulto, que si bien se presentó por parlamentarios opositores (Yasna Provoste, Adriana Muñoz, Isabel Allende, Alejandro Navarro y Juan Ignacio Latorre), ha sido usada por Chile Vamos para cuestionar la eventual falta de compromiso de Boric con el fin de la violencia.

“Le hemos planteado al Gobierno que el país necesita tener claridad de en qué vereda están aquellas personas que pretenden ejercer liderazgo en Chile. A nosotros nos hubiera gustado que Gabriel Boric y su gente hubiese liderado el retiro del proyecto de indulto respecto de las personas que han cometido delitos”, dijo ayer el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, quien ofició como vocero del encuentro entre el gobierno y los partidos de la coalición.

Meses atrás, el gobierno también había usado esa misma iniciativa para emplazar a Provoste y a la oposición, que se resistía a poner el proyecto en tabla debido a que se había convertido en una materia incómoda (tras nuevos casos de vandalismo y saqueos) y exponía a la entonces candidata presidencial. “Es hora de que los chilenos sepan cómo votan sus parlamentarios, que sepan quiénes están del lado de la impunidad y quiénes están del lado del respeto a la ley”, dijo por ejemplo, el 18 de octubre pasado, el ministro vocero en La Moneda, Jaime Bellolio.

No obstante, sorpresivamente para algunos senadores y diputados oficialistas, el gobierno no le puso urgencia. Según un senador opositor hay diferencias en el propio Ejecutivo sobre instalar este tema, ya que podría enrarecer un clima de acercamientos que se está dando entre la derecha y fuerzas de la ex Concertación. Incluso, aseguran que hay disidencia en La Moneda respecto de la estrategia de abusar de las discusiones inmediatas, ya que en la práctica es imposible que las 33 iniciativas (17 de ellas de seguridad) se aprueben esta semana.

Dentro de los proyectos a los que La Moneda le puso presión, figura la reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. También apuró el debate del proyecto que aumenta las penas para el daño de monumentos nacionales, que se presentó a raíz de los ataques a la estatua del general Manuel Baquedano, entre otras. Ambas reformas se encuentran en tramitación en el Senado.

También se puso discusión inmediata a una modificación de la Ley de Partidos, que se encuentra en la Cámara, para exigir una “renuncia expresa al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política”.

También hay proyectos sobre el porte de armas, el delito de incendio, las amenazas, el robo de madera y la usurpación, que tienen relación con la violencia en la Macrozona Sur.

No obstante, también hay otras iniciativas que no tienen necesariamente vinculación con el debate político sobre la violencia como los que se refieren a crímenes sexuales contra menores, carreras motorizadas, delitos de probidad funcionaria y normas que regulan la protección de la infancia y la responsabilidad penal adolescente.

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