
Cámara ajustó votación sobre Conservador de Santiago luego de que diputado PS alertara irregularidad en informe
El lunes, los diputados no se ciñeron a las recomendaciones que hizo la comisión mixta constituida para destrabar la reforma al sistema registral. A partir del reclamo de Leonardo Soto, la Cámara reordenó la votación, rechazando el estatus especial del conservador capitalino.

En medio de la sesión de este lunes, en que se debatía la propuesta final para destrabar el proyecto sobre notarios y conservadores, el diputado Leonardo Soto (PS) se acercó a la mesa de la Cámara para plantearle su extrañeza por lo que señalaba el informe de la comisión mixta que se constituyó precisamente para resolver los nudos de esta iniciativa.
Soto había sido uno de los integrantes de esa comisión mixta -conformada por cinco diputados y cinco senadores- que, según su versión, solo dispuso de dos votaciones separadas, por lo tanto, a su juicio, había una “irregularidad” en el informe final que estipulaba una tercera votación.
La primera votación se refería a la mayoría de los nudos de la iniciativa (el límite de edad de 75 años a los llamados notarios y conservadores “inmortales”, la experiencia previa para ejercer el cargo y las restricciones de lazos familiares, entre otros).
La segunda y la tercera votación, mencionadas en el informe, estaban relacionadas exclusivamente con la idea de dividir al Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS).
Si bien la mayoría de la mixta -instancia que se rige por las normas del Senado y que presidió la senadora Paulina Núñez (RN)- se abrió a dividir al conservador capitalino, se fijaron una serie de estrictas exigencias, que a juicio de ciertos legisladores eran una “no división”. Se trataba de una salida salomónica, ya que la mayoría de los senadores no estaba por separar la institución del CBRS, mientras que los diputados abogaban por fraccionarla territorialmente, como en otras zonas del país.
“La regulación especial que se construyó en favor o en beneficio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago fue la manzana de la discordia de toda la comisión mixta. Pero todos entendíamos que tenía un enorme potencial de polémica lo que tenía que ver con el Conservador de Santiago, dadas sus rentas millonarias (estimadas en más de mil millones de pesos mensuales que se reparten entre todas sus jefaturas y empleados)”, argumentó Soto, cuyo reclamo de que había una irregularidad en el informe fue acogido por la mesa de la Cámara.
“Me acerqué a la testera. Estaba el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, el presidente en ese momento. Varios asesores. Y abajo de la testera estaba el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC). Yo le dije, mire, lo que haya escrito el Senado, ahí es falso. Lo que ocurrió fue algo totalmente distinto. Y para prueba de ello, para que no hubiera ninguna duda, es que le pedí al ministro de Justicia que se incorporara a esta conversación. Él se dio vuelta hacia la mesa y yo expliqué lo que se había acordado. Y se le preguntó al ministro, ¿fue así, ministro? Fue exactamente lo que se acordó en la mixta, dijo. Solo dos votaciones", relató el legislador socialista.
En base a ello, la secretaría de la corporación, resolvió reordenar la votación, omitiendo la recomendación del informe, y solo procedió a realizar dos votaciones. Una solo para resolver el régimen especial que tendría el Conservador de Santiago y la otra para zanjar el resto de la materias pendientes, la cuales fueron aprobadas.
Dado que el régimen especial para el conservador capitalino se rechazó -solo 50 votos a favor de los 77 que requería, 33 en contra y 33 abstenciones-, la lectura que quedó en la Cámara que ahora el CBRS deberá someterse a las normas que rigen a las otras instituciones registrales del país, es decir, pueden ser alteradas por un decreto del Presidente de la República en base simplemente a los estudios técnicos respectivos.
“En caso de que se cayera (la norma especial), regía la reglamentación general que se acordó para todos los conservadores”, agregó Soto.
-¿Por qué el informe de la mixta señala precisamente esta tercera votación?
-Esta tercera votación nunca fue debatida ni acordada por la comisión mixta. Es una tercera votación que debió haber sido introducida por procedimientos absolutamente irregulares- precisó el legislador socialista.
-¿Esto fue incorporado irregularmente en el informe?
-A ver, regularmente jamás se aprobó una tercera votación. Por lo tanto, la única manera de entender esto, es que después de que se levantó la comisión mixta, en la etapa posterior, alguien lo introdujo de alguna manera que evidentemente es irregular. Por suerte, la presidencia de la Cámara, la Secretaría General, el ministro de Justicia y este parlamentario, que fue impulsor de esta decisión, nos percatamos a tiempo y lo pudimos corregir- comentó Leonardo Soto.
La Cámara, por su parte, justificó el ajuste -poco habitual, ya que por lo general los informes de las comisiones mixtas se votan como un fardo cerrado- en que las recomendaciones para hacer tres votaciones estaban mal formuladas y no figuraban en el capítulo correspondiente del documento.
Además, había cierto malestar entre los diputados por el hecho de que el informe en cuestión, que debía ser elaborado por las autoridades y el personal del Senado, llegó solo minutos antes de la sesión.
Si bien en el Senado admiten el retraso, rechazan las imputaciones del diputado Soto, ya que el informe trataba simplemente de recoger lo que fue el espíritu del acuerdo. Los senadores se allanaron a dividir el CBRS con ciertas restricciones, por ejemplo que hubiera un informe vinculante del Poder Judicial. Por tal razón, una de las votaciones que no se realizó por la Cámara, preguntaba si los legisladores estaban dispuestos a dividir al conservador capitalino. Si la respuesta era afirmativa, solo entonces se procedía a votar el régimen especial para fraccionar a la institución.
Sin embargo, luego de que la Cámara realizara una ronda de votaciones distintas, ahora será responsabilidad del Senado cómo interpretar aquello.
Si entre ambas ramas del Congreso hay un choque de interpretaciones, el tema podría terminar en manos del Tribunal Constitucional, o tal vez, resolviéndose a través de un veto presidencial.
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