La Sala de la Cámara de Diputados rechaza con cero votos a favor y 110 en contra la cuestión previa, avanzando con la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

En la Ley Orgánica constitucional del Congreso Nacional (Ley 18.918) establece, entre otros, el procedimiento que se debe efectuar en el Parlamento ante las acusaciones constitucionales.

En el artículo 43 de esta normativa se habla de la cuestión previa, la cual busca demostrar que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala. Esta, en términos generales, consiste en un recurso procesal que, en caso de ser aprobado, impide la deliberación sobre un tema en la orden del día de alguna asamblea.

En la instancia, el debate comenzó con la defensa del magistrado a cargo del abogado Felipe Lizama, quien apuntó que “en un contexto difícil y peculiar, sin duda alguna, de momento que al conocerse esta acusación, por motivos que no comprendemos y que seguimos sin comprender, se pretendió en ella una rápida sustanciación para que ella fuera resuelta un día antes del proceso electoral que ha tenido un resultado categórico como hemos podido presenciar”.

Dentro de ello, la defensa se enfocó en los pronunciamientos de parlamentarios en torno a la acusación previo a la discusión en la Sala, señalando una posible inhabilidad de votación a los diputados que expresaron su opinión política.

“Y por si fuera poco, presidente y honorables diputados y diputadas, como estamos en Chile, el hilo se corta por lo más delgado, se incoó un procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios. ¡Qué curiosa paradoja, presidente! Me recuerda otros casos en los que ha habido muchas firmas de actos administrativos, muchas moscas de actos administrativos, y, sin embargo, quienes suscriben esos actos administrativos no quieren responder. Eso suele acontecer", planteó el abogado.

En esa línea, mencionó el caso de la compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende, donde apuntó que “15 firmas fueron las que permitieron la adquisición de una propiedad de un expresidente de la República y, por lo tanto, nadie respondió de ese acto, solo los 15 abogados”.

La respuesta de parlamentarios

Ante esto, la diputada Maite Orsini (FA), representante de la comisión revisora de la acusación constitucional, aclaró de forma inmediata que la instancia actuó "respetando celosamente el derecho a la defensa del acusado".

“Presidente, he escuchado atentamente la defensa, he revisado sus argumentos, sus documentos, los creíbles y los no tan creíbles, ambos, sus fundamentos, y antes de entrar al detalle quisiera recordar algo que en ocasiones se olvida. La cuestión previa no es un juicio sobre culpabilidad, no define responsabilidades, no reemplaza al Senado, no sanciona ni exonera”, apuntó la parlamentaria.

“Se nos ha dicho por parte de la defensa que acá no hay hechos, pero los hechos sí existen, incómodos, discutibles, sensibles, pero existen. Integraciones en sala en causas de alto impacto, relaciones extraprocesales alegadas por los acusadores, cuestionamientos públicos y fundados respecto a la apariencia de imparcialidad. Esos hechos podrán interpretarse, contextualizarse, justificarse, eso es materia del fondo, pero no pueden negarse”, añadió Orsini.

Asimismo, la diputada indicó que sostener que parlamentarios estén inhabilitados para votar por haber expresado opiniones políticas es una figura que “no existe en el derecho constitucional chileno, no existe la recusación parlamentaria, no existe el prejuzgamiento parlamentario”.

Para concluir, la parlamentaria llamó a rechazar la cuestión previa “esta Cámara no puede optar por el silencio, por la evasión o por la clausura temprana del debate. Rechazar la cuestión previa solo abre ese debate que la Constitución nos exige abrir. Acogerla, en cambio, tendría un efecto irreversible”.

“Impedir que el país conozca ese debate al no utilizar una herramienta constitucional diseñada precisamente para enfrentar situaciones como esta. Nuestro deber, presidente, no es proteger instituciones. Nuestro deber es proteger su legitimidad enfrentando lo que las amenaza”, agregó.