Aunque el nombre del Presidente Sebastián Piñera no sale mencionado y no era necesariamente el objetivo inicial, con un reproche sorpresivo a su gobierno terminó su trabajo la comisión investigadora de la Cámara por los hechos de violencia en el estallido social.

La aprobación del informe final por el 18-O con votos de la derecha, provocó una dura reacción de las directivas de los partidos de Chile Vamos.

En una declaración pública, RN expresó que “rechaza categóricamente lo señalado por la comisión investigadora, que atribuye al gobierno del Presidente Sebastián Piñera una supuesta falta de voluntad para enfrentar la violencia”.

“Se trata de una apreciación injusta y sin fundamentos que desconoce las condiciones extremas en que debió actuar el estado de Chile en el año 2019. Los chilenos no olvidan que durante meses grupos violentistas incendiaron estaciones del metro, iglesias, edificios públicos y comercios. Saquearon fuentes de trabajo, atacaron a carabineros y sometieron a miles de familias al miedo y la extorsión. El Presidente Piñera enfrentó esa crisis política con una convicción clara. El orden debía ser restablecido dentro del estado de derecho”, manifestó Renovación.

La colectividad donde militó Piñera agregó que presentar el apego a la legalidad del fallecido expresidente como una señal de fragilidad revela “una comprensión profundamente equivocada de cómo se ejerce el poder en una sociedad libre y democrática”. “Como mandatario, sus decisiones siempre las adoptó con coraje, pensando en el bien común y no en pequeñas y mezquinas luchas ideológicas”.

En la misma línea, la UDI rechazó “de manera tajante” las conclusiones de la comisión, acusando que la instancia, “sin identificar a ningún instigador de la violencia ni rastros de financiamiento, optó por apuntar al expresidente Sebastián Piñera”.

“Es inaceptable que una instancia parlamentaria termine su trabajo sin responsables concretos y, en cambio, utilice sus conclusiones para hacer política e intentar manchar el legado de quien fue dos veces Presidente de Chile elegido democráticamente”, sostuvo la colectividad.

La UDI agregó que “no vamos a permitir que se utilice el dolor de las víctimas ni la institucionalidad del Congreso para enlodar la memoria de Sebastián Piñera” y aseguró que el informe será rechazado en la Sala de la Cámara.

Evópoli, a través de redes sociales, señaló que “defendemos el legado democrático del Presidente Sebastián Piñera y no aceptamos una memoria selectiva”.

“Desde Evópoli rechazamos categóricamente las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y cualquier intento de cuestionar al Presidente Sebastián Piñera por las decisiones que tomó durante el 18-O. Chile vivió uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, marcado por una violencia inédita”.

Informe controversial

El texto, impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL), fue aprobado por ocho votos contra cuatro. Estuvieron a favor Enrique Bassaletti (indep.-republicano), Sergio Bobadilla (UDI), Hans Marowski (libertario), Cristóbal Martínez (UDI), Javier Olivares (PDG), Alejandro Riquelme (republicano), Javiera Rodríguez (republicana) e incluso el diputado RN Francisco Orrego. En contra votaron Jorge Díaz (DC), Daniel Manouchehri (PS), Lorena Pizarro (PC) y Consuelo Veloso (FA).

Entre sus conclusiones, el documento sostiene que existieron “falencias en la capacidad preventiva del Estado” y que el sistema de inteligencia “carecía de una articulación adecuada”.

Además, el informe señala que “resulta realmente grave que determinadas zonas del país, algunas de carácter crítico, hayan sido abandonadas por el Estado, mientras distintos grupos violentos se dedicaban a la destrucción, saqueo y alteración del orden público”.

A continuación, apunta a la administración que encabezaba Sebastián Piñera: “Se evidencian excesivos incumplimientos del gobierno de la época por resguardar el orden público y cuidar la seguridad de los habitantes”.

Vacío por instigadores

Además, la comisión cerró su trabajo sin identificar quiénes promovieron los hechos de violencia, pese a que reunir antecedentes sobre autores, cómplices e instigadores formaba parte de su mandato.

El presidente de la instancia, Hans Marowski (PNL), atribuyó ese resultado a la falta de colaboración y de acceso a información.

“Tuvimos 11 sesiones, invitamos a 32 personas, y solo 17 decidieron concurrir”, señaló. Entre quienes no asistieron mencionó al exministro del Interior Andrés Chadwick; al exdirector del INDH Sergio Micco; a los exdirectores de la ANI Gustavo Jordán y Luis Masferrer, y al exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli (RN).

Además, indicó que de 65 oficios enviados, solo 10 fueron respondidos y otros dos tuvieron carácter reservado.

“Cuando hoy se dice que la comisión no logró identificar a los instigadores, hay que decir también por qué. No tuvimos acceso a toda la información que estábamos necesitando, y esta fue una oportunidad histórica que las autoridades de la época desaprovecharon”, afirmó.

Marowski sostuvo que siguen abiertas preguntas como “¿Quién planificó estos hechos? ¿Quién los financió? ¿Quién los coordinó?”, y aseguró que “la historia del 18 de octubre del 2019 aún no está cerrada y, la verdad, todavía está pendiente”.

Entre sus recomendaciones, el informe propone revisar las atribuciones del INDH para que tenga un carácter consultivo y “no posea la facultad de entablar querellas”. También plantea mejorar la coordinación del Sistema de Inteligencia del Estado y su intercambio de información con el Ministerio Público.