Contraloría instruye a la Municipalidad de Santiago detener polémica compra de clínica Sierra Bella por $8.200 millones

El 19 de enero pasado, la alcaldesa Irací Hassler (PC) anunció de manera pública que la Municipalidad de Santiago tendría la “primera clínica municipal de Chile”. Pero desde ese día, el anunció de la compra de la ex clínica Sierra Bella no ha dejado de traer problemas para la edil.

Y este jueves se sumó una polémica más. Mediante un oficio dirigido a Hassler, la Contraloría General de la República le ordenó a la corporación edilicia detener cualquier trámite que le permita materializar y hacer efectiva la compra del edificio ubicado en calle Sierra Bella de la comuna y cuyo precio final de venta fue fijado en $8.200 millones.

El monto de la inversión ha sido duramente cuestionado debido a que el avalúo fiscal de la propiedad es de sólo $1.940 millones. Por ello, la concejala independiente Rosario Carvajal denunció ante la Contraloría que el municipio estaría pagando un valor mucho más alto que el valor comercial real de la propiedad.

Mediante un comunicado, la Municipalidad de Santiago señaló que se dará cumplimiento al documento y que “vamos a suspender todo tipo de acción ante el Conservador de Bienes Raíces a la espera de que este organismo resuelva la solicitud que ha formulado”. Al mismo tiempo, expresó que “somos los primeros interesados en que se despeje cualquier duda sobre la compra de la ex clínica Sierra Bella”.

Hassler ha defendido la adquisición, señalando que se realizó “con el cumplimiento de la normativa” y que el valor a pagar fue fijado por las tres tasaciones respectivas. Sin embargo, el martes se conoció que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago rechazó inscribir la propiedad a nombre de la Municipalidad de Santiago, trámite con el que se hace efectiva la compra y se liberan los fondos para pagar el bien raíz.

En efecto, el Conservador de Santiago rechazó la inscripción del edificio debido a que entre los documentos no se adjuntó una copia de la cédula de identidad de la alcaldesa Hassler, papel necesario por su calidad de representante legal de la corporación edilicia, pero también por la alta diferencia entre el valor de la tasación comercial y el valor final del contrato de compraventa, lo que podría ser “un eventual vicio de lesión”.

Por ello, el miércoles la misma Contraloría General de la República ofició también al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y le solicitó todos los antecedentes con los que tomó le decisión de no permitir que la Municipalidad de Santiago inscribiera el edificio a su nombre. El 23 de enero pasado el ente contralor le había dado un plazo de 10 días al municipio para que entregara todos los antecedentes de la compra, incluidas las tasaciones que justificarían el precio de compra.