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Las declaraciones se dan luego de que un reportaje publicado por La Tercera Domingo diera a conocer que una alta funcionaria de la Municipalidad de Santiago compartía un grupo de WhatsApp junto a los tres tasadores que valuaron la ex Clínica Sierra Bella.

Desde San Valentino apuntan a la “total inexperiencia” y “mala fe la compradora” pues “pretende desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte”.

Luego del informe de Contraloría que objetó la compra de la exclínica, la edil de Santiago fue empujada a frenar la adquisición, lo que fue argumentado con reproches a los tasadores, comparaciones con otras comunas y poca autocrítica. La Tercera hizo doble click a tales declaraciones para confirmar si son verdaderas, falsas o imprecisas.

Este miércoles, la alcaldesa de Santiago enfrentó por primera vez a los concejales luego de una dura semana tras el lapidario informe de Contraloría. Y si bien la propia edil arrancó la instancia refiriéndose a la fracasada adquisición, luego hubo poco espacio para los descargos que pretendían, sobre todo, los tres concejales que mostraron reparos a lo largo del proceso.

En las actas de entrega voluntaria levantadas por personal de la Brigada Anticorrupción de la PDI, junto con dejar constancia de que la alcaldesa no cuenta con celular institucional, por lo que no accedería a la entrega de su teléfono móvil personal, se hizo otra salvedad. Sólo se permitió a los detectives tener acceso a sus correos electrónicos que tengan que ver con la fallida compra del inmueble, nada más. Para poder acceder a toda la información y a sus comunicaciones, la Fiscalía Centro Norte tendría que pedir una orden judicial.

Tras defender durante meses la compra de la Clínica Sierra Bella por parte del municipio, la alcaldesa de Santiago canceló la millonaria transacción, dejando un manto de dudas sobre el polémico negocio.

La alcaldesa de Santiago pidió la renuncia a su jefe jurídico y sostuvo que presentará acciones judiciales en contra de los tasadores. El gremio de estos últimos criticó en duros términos la decisión de la jefa comunal, apuntando a que ella es la responsable de ofrecer el precio final.

La alcaldesa sostuvo que los tasadores que pagó la Municipalidad de Santiago para fijar el valor a pagar por el edificio “tienen que dar las explicaciones frente a la justicia” y confirmó que se presentarán querellas contra los tres profesionales. La jefa comunal fue enfática en señalar que no se han gastado dineros públicos en el proceso de adquisición del inmueble.

La alcaldesa de Santiago, además, afirmó que instruyó “sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores”. En tanto, la parte vendedora -Inmobiliaria San Valentino- aseguró que exploran distintas opciones, "desde colaborar con la municipalidad, para el caso de que se acuerde dar por terminada la operación y permitir que ambas partes puedan explorar otras opciones, hasta exigir judicialmente el cumplimiento forzado de la compraventa”.

"Desde Inmobiliaria San Valentino, valoramos la claridad que se ha dado a la situación, y queremos reiterar nuestro compromiso de actuar siempre en conformidad con la ley y de buena fe”, aseguró el abogado de la firma, Felipe Rojas, ante pronunciamiento de Contraloría.

El ente fiscalizador, en un informe de 32 carillas, cuestiona a la alcaldesa no haber adoptado las medidas para garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales impulsando la compra de un inmueble por cuatro veces su valor mercado. Asimismo, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez echó abajo el proyecto de Irací Hasler de tener "la primera clínica comunal", ya que le advirtió que eso excede sus funciones como jefa edilicia teniendo a su cargo sólo la "atención primaria de salud” y no la red hospitalaria, ni de clínicas. Como estoque final, se abrió un sumario para establecer la responsabilidad de haber seguido adelante con las maniobras de compra de Sierra Bella, pese a la orden expresa de Contraloría de suspender estas acciones.

El diputado Gonzalo Winter (CS), la consejera regional, María Eugenia Puelma, y la concejala Dafne Concha -ambas del PC-, además de dirigentes vecinales, recorrieron las instalaciones del inmueble que busca comprar el municipio de Santiago. El parlamentario dijo que lo que vio "es muy superior a lo que yo he visto de los Cesfam de mi distrito”.

El hecho de que la Inmobiliaria San Valentino comprara la exclínica que hoy ofrecen a Santiago en poco más de dos mil millones de pesos sigue generando dudas. A pesar de que el abogado de dicha empresa insiste en que lograron ese precio porque los exdueños estaban apurados por vender y que renunciaron a su derecho a emprender reclamaciones, el profesional que está asesorando a los doctores, el exfiscal Carlos Gajardo, manifestó que están analizando los antecedentes. Por lo mismo, no está descartado que puedan emprender acciones legales y reclamar dineros a su favor.

Tras exponer estos nuevos antecedentes, el Ministerio Público pidió aumentar las medidas cautelares contra Isaías Gómez, acusado de estafar al recinto médico por $1.700 millones. Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud y mantuvo las medidas de firma semanal y arraigo nacional.

A pesar de que la alcaldesa Irací Hassler ha defendido las labores realizadas por el municipio para la adquisición del inmueble, el presidente de Asatch, Teodosio Cayo, aseguró que debieron haber hecho una revisión más exhaustiva de las labores de los profesionales que contrataron, ya que, a juicio del organismo, no se respetaron las exigencias de la ley. El profesional puso en tela de juicio una de las principales defensas de la alcaldesa, que es la idoneidad de la valoración del cuestionado inmueble.