Aunque el Senado aún no zanja la tabla para esta semana, la reforma para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político figura tentativamente dentro de las iniciativas que serían votadas este martes.

La Cámara de Diputados, en tanto, ya tiene agendada para el miércoles la votación final de esta iniciativa, presentada en junio de 2025 por el exministro del Interior Álvaro Elizalde (PS).

Independientemente del resultado de ambas votaciones, el texto base de la reforma igualmente sería despachado a ley, ya que al Senado y a la Cámara solo les queda resolver un punto pendiente —despejado en una comisión mixta de diputados y senadores— relacionado con una nueva exigencia en la declaración de principios de los partidos.

En la instancia mixta, presidida por la senadora Danisa Astudillo (PS), se acordó en forma unánime, con votos desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano, que cada colectividad “deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario; al uso de la violencia, propugnarla o incitarla como método de acción política. Asimismo, deberá afirmar su compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política”.

Si por cualquier eventualidad esa disposición —que requiere el apoyo de 26 senadores y 78 diputados— no se aprobara, la reforma política, que ya está visada por ambas ramas del Congreso en casi todas sus normas, sí o sí sería derivada al Tribunal Constitucional y al Presidente de la República, José Antonio Kast, para su respectiva revisión y promulgación. Simplemente se borraría el artículo sobre la declaración de principios que, en todo caso, no era parte del proyecto original y no altera su objetivo esencial.

En lo medular, la propuesta presentada por Elizalde fortalece a los comités parlamentarios y aumenta las restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos; además, eleva los requisitos para las candidaturas independientes.

No obstante, el efecto más apremiante para las tiendas políticas, incluso las grandes, no solo las pequeñas, es que tendrán un plazo de 18 meses para actualizar sus cifras de militantes, tarea que siempre ha sido tortuosa.

Resistencias

Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, este proyecto —que terminó siendo gestionado por la exministra de la Segpres Macarena Lobos— ya contaba con un acuerdo transversal, al menos entre las principales fuerzas partidarias. Sin embargo, debido a diversos aplazamientos y a la resistencia de partidos emergentes o pequeños, no alcanzó a resolverse en el período pasado.

Aunque, en teoría, la iniciativa cuenta con los votos para aprobar el punto pendiente, algunas colectividades han endurecido su rechazo, ya que dilatar la votación de esta norma secundaria es la única alternativa que les queda para impedir que el texto central, que ya fue aprobado, se convierta en ley.

Por ejemplo, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, dijo que esta reforma “favorece a los grandes partidos políticos que la han propiciado, particularmente al Partido Socialista y con la complicidad y acuerdo de la UDI y RN.

“Los partidos regionales desaparecen porque no se podrían iniciar con tres regiones, sino que se necesitarían ocho regiones”. “Esta ley carteliza la política”, añadió.

El PC, por su parte, a pesar de que sus senadores Claudia Pascual y Daniel Núñez votaron a favor de estos cambios, resolvió oponerse por acuerdo de su comisión política. Esa resistencia se manifestó en el voto de los diputados comunistas el pasado 4 de marzo, cuando la propuesta se discutió en la Sala de la Cámara.

La diputada Lorena Pizarro (PC), quien ejercía como jefa de comité, fue la encargada de fijar la postura de su colectividad, que hasta hoy no ha cambiado. “Tengo mis dudas en cuanto a si esta reforma es el camino que permitirá avanzar en representación real y en cambiar las formas de gobernanza (...) Nos parece que este es un retroceso muy similar al binominal (...) No estamos de acuerdo con un proyecto que está hecho a la medida de los poderosos”, dijo la legisladora comunista.

En esa ocasión también se opusieron los radicales, el PDG, los independientes, socialcristianos y libertarios, cuya postura fue defendida en la sala por el entonces diputado Johannes Kaiser, actual presidente del PNL.

“No importa cuántas modificaciones se hagan a este sistema, vamos a seguir con el mismo problema de desprestigio de la clase política, porque en la medida en que no entendamos que no podemos colocar nuestro ojo en aquellas minorías vociferantes, sino en aquellos a los que debemos servir, no va a mejorar la visión de la gente (...) No estoy dispuesto a cambiar nuevamente el color del empedrado, pero sí estaría dispuesto a que conversemos sobre mejorar la calidad del cojo que tiene que caminar sobre él”, dijo Kaiser, quien fue uno de los votos en contra.

En vista de que esta semana se votará solo un aspecto colateral del proyecto, las bancadas del PC y del PNL se reunirán el lunes para definir si volverán a coincidir en un rechazo.

Posta de Kast

A partir del 11 de marzo, la actual administración había asumido con cautela la posta de esta iniciativa. Sin embargo, tras sus primeros meses en La Moneda, Kast se convenció de que el sistema político requiere ajustes. De hecho, el 11 de agosto, La Moneda la patrocinó y le puso “suma urgencia” a la reforma de Elizalde, celeridad que fue renovada el 8 de septiembre.

Además, es probable que la aprobación de esta reforma política sea solo el puntapié inicial de otras modificaciones, que podrían ir desde ajustes al sistema electoral —reducción de diputados y ampliación de distritos—, pasando por cambios a la Carta Fundamental —para establecer causales de pérdida del cargo o umbrales para acceder a la representación parlamentaria—, hasta la modernización de las herramientas de fiscalización y control sobre otros poderes del Estado, como las acusaciones constitucionales.