Los diputados de Renovación Nacional (RN), encabezados por Miguel Mellado y Carla Morales, junto a sus pares de la comisión de Seguridad, Andrés Longton, Diego Schalper y Hugo Rey, solicitaron formalmente a la Contraloría General de la República una investigación administrativa por la amenaza de suspensión de 300 licencias de Microsoft Office en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

El conflicto se originó luego de que el servicio fuera adjudicado a la empresa Salaam Desarrollos Eléctricos SPA, la cual subcontrató a Zona Portátil (ZP) para el servicio de licencias. ZP denunció el no pagó durante cinco meses, lo que llevó a la amenaza de suspender las licencias, clave para las operaciones del Sermig. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto por Migraciones, dictando una orden de no innovar, lo que ha garantizado la continuidad operativa del servicio por el momento.

Los legisladores, a través de un oficio, alertaron sobre los riesgos de esta crisis, que afectaría tareas esenciales como la tramitación de permisos de residencia, órdenes de expulsión, coordinación con tribunales y la elaboración de documentos administrativos y jurídicos. Mellado afirmó que “estamos frente a una situación extremadamente delicada, que compromete el funcionamiento de un servicio público esencial para el país”.

Además, los parlamentarios destacaron que Migraciones interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por posible incumplimiento contractual por parte de la empresa adjudicataria.

Asimismo, Morales señaló que “es indispensable esclarecer si existió negligencia en la supervisión de un servicio crítico subcontratado, y si las autoridades del Sermig adoptaron oportunamente medidas para resguardar el funcionamiento institucional”.

El oficio enviado por los parlamentarios también subraya la posible vulneración de principios legales establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como el deber de eficiencia y la responsabilidad en la gestión de recursos públicos. “La contratación de un servicio esencial sin asegurar mecanismos adecuados de supervisión y continuidad expone al Estado a situaciones de riesgo operativo”, aseveró Rey.

“Es crucial que se adopten medidas preventivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en otras instituciones”, añadió Longton.