El proceso de selección para dar con los guardianes de la firma del presidente electo José Antonio Kast ya terminó. Fuentes de la administración entrante cuentan que finalmente el futuro mandatario se decidió por tener un diseño poco convencional en lo que tiene que ver con el análisis jurídico, administrativo y constitucional de todos los actos que deberá firmar a partir del 11 de marzo.

Quienes han sabido del asunto cuentan que Kast se convenció de que lo óptimo para su gobierno será que su amigo, el exgerente legal de Colbún Rodrigo Pérez, se posicione como su abogado más relevante en el Segundo Piso.

El diseño contempla que Pérez -quien lleva varias semanas trabajando en la Oficina del Presidente Electo (OPE)- sea el gran filtro de la juridicidad de los actos que llevarán la firma de Kast.

Esto, dicen entendidos en el asunto, implicará modificar una tradición que se viene siguiendo desde 1990 a la fecha y que consistía en que el peso de la revisión jurídica de los actos que llevan la firma del Presidente de la República esté radicado de forma exclusiva en la emblemática División Jurídico-Legislativa de la Segpres y no en el Segundo Piso.

En las últimas décadas, jóvenes abogados que han sido llamados a dirigir esa unidad se han encargado de liderar la sesión de firma con el Jefe de Estado; es decir, el momento en que acuden al despacho presidencial con un listado de documentos oficiales, decretos o leyes para ser firmados.

Si bien los mandatarios siempre han tenido asesores jurídicos en el Segundo Piso, ellos se han mantenido al margen de la sesión de firma, instancia que se dejaba en manos del representante de la Segpres.

Los Jefes de Estado suelen estampar su firma, confiados en el juicio jurídico de los escogidos para esta compleja labor. Todos los documentos llegan hasta ese escritorio luego de un proceso de revisión por parte del ejército de abogados de esa misma división.

La figura de Pérez, explican las mismas fuentes, estará por encima de la jefatura de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, y a ese cargo llegará la abogada Carolina Helfmann (43). La especialista en Derecho Administrativo ejerció desde septiembre de 2023 a junio de 2025 como directora jurídica de la Municipalidad de Providencia.

Quienes la conocen comentan que Helfmann era una de las asesoras clave de la exalcaldesa Evelyn Matthei (UDI) cuando estuvo al mando de esa comuna.

Desde esa posición comandó todo el equipo jurídico, desplegando su experiencia como abogada experta en Derecho Público. Helfmann es profesora de esta especialidad en la Universidad Católica y además es candidata a doctora por la Universidad de los Andes, casa de estudios en la cual ha trabajado su tesis guiada por el ex comisionado experto Jaime Arancibia.

Las mismas fuentes añaden que como coordinador de la división que comandará Helfmann llegará Simón Pinto. El abogado trabajó poco más de un año como asesor de esa misma división en el equipo que lideró Fernanda Garcés durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera.

Para el segundo proceso constitucional fue asesor del ex comisionado experto Sebastián Soto, exjefe de la División Jurídica en Piñera I. Antes de llegar al futuro gobierno de Kast, Pinto tuvo un paso como abogado del programa legislativo de Libertad y Desarrollo.

Fuentes de Chile Vamos que supieron del proceso para dar con Helfmann comentan que no fue fácil, ya que Kast buscaba un perfil no tan joven y con más seniority. Esto último fue complejo, debido a que no todos los eventuales candidatos estaban dispuestos a quedar bajo la supervisión de Pérez desde el Segundo Piso.

Esto debido a que el diseño escogido por la administración de Kast abre la puerta a una serie de roces entre los equipos de la Segpres y los asesores presidenciales del futuro Jefe de Estado. Por eso, más de alguna voz defendía el hecho de que el jefe jurídico de la Segpres tuviera trato directo y sin intermediarios con el Mandatario.

Una de las cartas que quedó en el camino fue Clemente Recabarren. El abogado llegó hace poco a Chile, luego de terminar su doctorado en Oxford, y sonó como uno de los candidatos para esta posición.

Sin embargo, fuentes de derecha comentan que no le acomodó el diseño que se pensó para los abogados del presidente electo. Esto a pesar de que Recabarren tenía experiencia, ya que en el pasado se desempeñó como abogado de la división en tiempos de Garcés.

La “República”

Durante más de tres décadas, la División Jurídica de la Segpres ha sido una unidad que siempre a nivel de opinión pública pasa inadvertida, pero que en realidad acumula gran poder en el corazón mismo de La Moneda.

El mejor ejemplo de esto lo dio el expresidente Ricardo Lagos, quien apodó a un joven Carlos Carmona -jefe de esta unidad- como la “República”. El abogado constitucionalista llegó a ese puesto cuando tenía 33 años, bajo el mandato del expresidente Eduardo Frei.

El apodo de Carmona no fue al azar. Quienes lo vieron desplegarse en Palacio cuentan que era capaz de saltarse a cualquier ministro, subía directamente al despacho presidencial y sin vacilar echaba para abajo asuntos si tenía algún reproche o dudas.

El poder de Carmona fue tal, que se volvió a repetir el plato en Bachelet I. Cuando se fue al Tribunal Constitucional (TC) dejó en su reemplazo a Jorge Claissac, quien tenía 40 años.

En el primer gobierno del expresidente Piñera fue el ex comisionado Soto, de tan solo 32 años, quien llegó a dicha jefatura. “No firmo nada que no haya visto antes Soto”, era lo que solía repetir Piñera. En Bachelet II llegó William García, de 33 años. En Piñera II asumió Garcés, con 38 años, y finalmente con el Presidente Gabriel Boric arribó su amiga, la abogada Francisca Moya (FA), quien asumió en marzo de 2022 cuando tenía 36 años.

La relevancia de esta división volvió a quedar en evidencia con Boric. Para el bochorno de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, fue Moya quien falló como último filtro en la larga cadena de análisis de la constitucionalidad del decreto que autorizaba la compraventa. Luego ese error explotó, provocando una fuerte crisis política y un duro fallo del TC que destituyó a la exsenadora Isabel Allende (PS).

El poder de Moya fue tal, que Boric estuvo dispuesto a pagar los costos políticos por el error y no dejarla caer. Esto a pesar de que el propio oficialismo, sobre todo el PS, exigió su renuncia. Pese a toda la presión política, Boric no dio su brazo a torcer y blindó hasta el final a Moya, de quien es amigo personal desde que se conocieron en los pasillos de Pío Nono cuando estudiaban Derecho en la Universidad de Chile.