Dueños de Penta deberán asistir a clases de ética

Penta

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Foto. AgenciaUno

También sumaron a sus condenas la inhabilidad perpetua de sus derechos políticos.




Mientras el fiscal Pablo Gómez daba curso a las acusaciones contra los imputados en el caso SQM, en una de las salas contiguas del Centro de Justicia se realizó la lectura de la sentencia contra los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

La resolución, contenida en unas 90 páginas, confirmaba una condena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de $ 857 millones para cada uno de los empresarios, la que corresponde a una sanción del 50% del valor de los tributos eludidos.

Al dar a conocer la sentencia, el magistrado señaló que para que los condenados puedan sustituir su pena de cárcel por libertad vigilada deberán, entre otras condiciones, asistir a clases de ética empresarial.

"Al concurrir los requisitos del artículo 15 de la Ley 18.216 se sustituye la pena privativa de libertad impuesta a los sentenciados por la de libertad vigilada intensiva por el plazo de cuatro años, debiendo cumplir los sentenciados durante el periodo de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento y con las siguientes condiciones del artículo 17 de la Ley 18.216: residencia en un lugar determinado; sujeción a la vigilancia y orientación permanente del delegado que se designe, y ejercicio de una profesión, oficio o empleo. Asimismo, atendida la naturaleza de la pena sustitutiva decretada, los sentenciados deberán cumplir las condiciones en la mencionada ley (...) consistente en la obligación de cumplir un programa formativo sobre ética en la dirección de empresa, el cual deberá formar parte del plan de intervención", expresa la sentencia.

Se explicó que los empresarios deberán presentarse próximamente ante al Centro de Reinserción Social de Gendarmería para la elaboración del plan de intervención.

Consultado al respecto, el fiscal del caso Penta, Manuel Guerra, señaló que la asistencia a un programa formativo de ética empresarial fue una resolución decidida de motu proprio por el magistrado.

El juez también resolvió, como penas accesorias, la inhabilitación absoluta y perpetua para derechos políticos de los dueños de Penta, además de la inhabilitación absoluta para acceder a cargos públicos durante el tiempo de la condena.

Se estima que este miércoles el tribunal entregará la sentencia en contra del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner.

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