Un nuevo intento realizará el Senado para tratar de votar este miércoles la reforma constitucional al sistema político, presentada por un grupo transversal de legisladores con el fin de combatir la fragmentación del Congreso.

La iniciativa fue puesta en tabla en la sesión de hoy, junto a la reforma electoral que establece una multa a quienes no sufraguen en las elecciones

Sin embargo, si bien el proyecto es empujado por RN, la UDI, el PS, el PPD y Evópoli, también existe un grupo variopinto de senadores que se oponen, de las bancadas del PC, del Frente Amplio, del FREV, de la DC, de Demócratas y del Partido Social Cristiano, quienes podrían recurrir a maniobras dilatorias para seguir aplazando su votación.

Frente a este tironeo, La Moneda decidió tomar distancia, especialmente después de que casi todas sus indicaciones fueran rechazadas en la Comisión de Constitución, incluso con votos del senador socialista Alfonso de Urresti, en contra.

En subsidio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), ha comenzado a sondear un plan B con representantes de distintos partidos, toda vez que la reforma constitucional empujada por los senadores tampoco alcanzaría a ver la luz antes del 18 de agosto, fecha en que vence el plazo para inscribir pactos electoral.

En vista de que el proyecto que modifica la Constitución establece requisitos (un umbral) a los partidos para poder elegir diputados, lo lógico es que su tramitación culmine antes de ese plazo, ya que inevitablemente ello incidirá en la conformación de alianzas electorales.

La reforma en cuestión exige a las colectividades lograr un 5% de los votos en la elección de diputados o bien alcanzar 8 parlamentarios para poder tener escaños en la Cámara. Además, establece la causal de cesación del cargo de aquellos legisladores díscolos que renuncien a sus partidos o se cambien de bancada.

No obstante, el mismo presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), ya advirtió que ve difícil que la iniciativa culmine su tramitación en agosto, ya que los diputados pretenden tomarse su tiempo para legislar.

Si bien el Presidente Gabriel Boric dijo que, en lo personal, le gustaba el mecanismo del umbral, la idea nunca entusiasmó a Elizalde, quien fue encomendado por el propio Mandatario, en la cuenta pública del 1 de junio del año pasado, para construir un consenso en torno a esta reforma.

El problema del umbral, que también ha sido cuestionado técnicamente por centros de pensamiento, como Libertad y Desarrollo y el CEP, es que puede perjudicar a candidatos con alta votación si es que sus partidos no logran las exigencias constitucionales.

Incluso, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (indep.), dijo que había una suerte de “fetiche” con el umbral, ya que perfectamente podrían emplearse otros medios para evitar la fragmentación del Congreso y favorecer la gobernabilidad y los grandes acuerdos.

Con esas prevenciones técnicas y sobre todo los plazos, los mismos autores de la iniciativa constitucional reconocen que es altamente probable que, especialmente el umbral, ya no alcanzará a ponerse en práctica en estas elecciones.

No obstante, el plan B de Elizalde considera abordar materias que no tendrían efecto directo en los comicios de este año. El diseño que se está trabajando en Interior y la Segpres es pensar en un paquete de ajustes, tal vez no solo en un nuevo proyecto, sino varios, que pueda ponerse en práctica el 11 de marzo de 2026. Es decir, que las medidas tengan efecto cuando asuma el nuevo Congreso.

Si bien el detalle de camino alternativo aún no se conoce, el ministro adelantó que se trataría de al menos un proyecto de ley, no una reforma a la Constitución, como la propuesta de los senadores que se discutirá hoy.

Además, el titular del Interior precisó que la idea sería modificar leyes orgánicas que regulan la conformación y el financiamiento de los partidos. Con ello se buscaría perseguir el mismo fin que tenía la reforma política: evitar la fragmentación del Congreso y favorecer la gobernabilidad y los grandes acuerdos.

En esta reforma paralela, el ministro aún tiene en suspenso si incluirá las llamadas “órdenes de partido”, que el Ejecutivo intentó poner en la reforma política, pero fueron rechazadas en la Comisión de Constitución, especialmente por la resistencia de la presidenta de la instancia, la senadora Paulina Núñez (RN).

No obstante, Elizalde tiene un par de cartas para sortear el posible bloqueo de Núñez. En primer lugar, puede intentar reponer las órdenes de partido en la sala del Senado o bien en la Cámara. Incluso en una eventual comisión mixta. Por lo tanto, la senadora de RN no tendría ya atribuciones para negarse a discutir el punto y solo podría volver a rechazarlo.

La segunda alternativa del ministro es trasladar el punto que fortalece la disciplina partidaria a esta reforma complementaria. Al ser un cambio legal, no constitucional, esa iniciativa no pasa obligatoriamente por la Comisión de Constitución, que hoy preside Núñez, y podría ser derivada a la Comisión de Gobierno, en la que hoy el oficialismo tiene mayoría y donde no participa la senadora RN por Antofagasta.