La dirección nacional del Frente Amplio expresó su rechazo categórico a la propuesta de reforma constitucional de seguridad por parte del gobierno de José Antonio Kast.

A través de una declaración pública, este jueves enfatizaron que las modificaciones del Ejecutivo no responden a la preocupación legítima por la seguridad pública de la ciudadanía.

En ese sentido, critican la propuesta de estado de excepción, que podría extenderse hasta los 240 días. “Con esta facultad, el Presidente podría restringir la libertad personal de las chilenas y los chilenos, prohibir reuniones, intervenir comunicaciones y requisar bienes sin autorización de los tribunales de justicia ni acuerdo del Congreso Nacional”, enfatiza el partido.

Sobre este mismo punto, se preguntan “quién garantiza que esa facultad se use únicamente contra el crimen organizado y no contra dirigentes sociales, la oposición política o los medios de comunicación”.

“Esto no es combatir la delincuencia. Es control ciudadano puro y duro”, añaden sobre la medida.

En respuesta al enfrentamiento del crimen organizado, el Frente Amplio señala que es necesaria “inteligencia financiera, control de puertos y armas, y policías fortalecidas en los territorios donde estas redes operan. Nada de eso está en la reforma que el gobierno presenta”.

Desde el partido consideran que el objetivo final de la reforma constitucional solamente es “blindar el poder absoluto del Presidente de la República por sobre la justicia y la democracia”.

Además del apartado del estado de excepción, el Frente Amplio también apuntó contra la inhabilitación de acceso a prestaciones de salud para condenados por terrorismo y crimen organizado.

“El Tribunal Constitucional ya había fallado en contra de esta pérdida de beneficios sociales como sanción adicional, por lo que el gobierno busca cambiar la regla que le resultó adversa. Ninguna organización criminal se desarticula quitándole la pensión a un condenado”, enfatizan.

Finalmente, el partido hace un llamado a “impedir este debilitamiento del estado de derecho” y a “construir una respuesta seria, con un diagnóstico riguroso, control efectivo de la implementación de las leyes ya aprobadas y una agenda que vaya donde está el negocio criminal, el dinero, las armas y la corrupción que lo financia”.

“Estamos disponibles para legislar en materia de seguridad con la urgencia y seriedad que el país necesita, pero eso no puede implicar socavar la institucionalidad ni debilitar la democracia que tanto nos costó reconstruir”, concluyen.