El Tribunal Constitucional resolvió no acoger a tramitación un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en contra de la exclusividad del Servicio de Impuestos Internos (SII) para perseguir delitos tributarios.

La ofensiva de Perivancich, quien junto a las fiscales Carmen Segura y Paola Castiglione comanda la fase final del caso SQM, buscaba perseverar en las acusaciones contra Pablo Longueira y Jorge Pizarro, entre otros, pese a no estar querellados por el SII.

En el escrito presentado ante el TC se argumentó que la prerrogativa del SII constituye "una restricción y limitación inaceptable a las funciones constitucionales del Ministerio Público".

Sin embargo, el tribunal desestimó el recurso, argumentando que la presentación del requerimiento excedía "el ámbito de competencias específicas asignadas a la fiscal regional, por comprender una cuestión institucional que, en todo caso, incumbe al (fiscal nacional)".

En su dictamen, el TC señaló que, incluso, previo a resolver se ofició al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para que "tuviera a bien aclarar la legitimación activa de la requirente", con el fin de determinar si la actuación de Perivancich contaba con el respaldo de la máxima autoridad del Ministerio Público.

Sin embargo, se agregó que no hubo un pronunciamiento "preciso" y que el fiscal nacional (S) José Luis Pérez se limitó a señalar que la fiscal Perivancich estaba a cargo de la investigación.

En este sentido, se sentenció que "no se ha satisfecho la condición de legitimidad para accionar ante este tribunal".