Un debate incómodo para La Moneda se instaló en la Congreso, debido a la intención de algunos diputados -como Pamela Jiles y Carlos Bianchi- que buscan reducir, regular o derechamente eliminar la suerte de “pensión” (dieta y asignaciones) que podría recibir el Presidente Gabriel Boric una vez que deje La Moneda en marzo de 2026.

Para ello, fueron presentadas varias mociones que buscan modificar la Constitución. Sin embargo, en la misma discusión, los diputados se percataron que particularmente las asignaciones (dineros para gastos de oficina, personal y traslados) que el Senado entrega a los exmandatarios, no están amparadas en la Constitución y tampoco están reguladas explícitamente en la Ley Orgánica del Congreso ni en la Ley de Presupuesto.

A diferencia de las dietas (renta privada que reciben los exgobernantes) que sí están en la Carta Fundamental, el pago de estos gastos de secretaría a los expresidentes depende de un acuerdo administrativo de la Comisión de Régimen Interno del Senado, que, según la Ley de Congreso, puede distribuir recursos siempre y cuando exista la holgura en su presupuesto.

Esta situación que el mismo presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), reconoció que es endeble -pues puede ser modificada por las mismas bancadas de senadores-, tampoco requiere de una reforma constitucional.

Según advertían algunos diputados, basta que una mayoría en la Cámara decida rechazar, reducir o regular esas asignaciones en el próximo debate de la Ley de Presupuesto. Ello no solo dejaría a Boric sin estos fondos para mantener sus futuras oficinas, sino que también complicaría el financiamiento de las fundaciones de Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei a partir del primero de enero de 2026.

Al menos ayer estaba tomando fuerza entre legisladores del oficialismo y la oposición que una forma de sortear este incómodo debate es simplemente cambiar las asignaciones, pero dejar las dietas para resguardar la “dignidad” de los exmandatarios y evitar que ellos se vean obligados a trabajar en el mundo privado, con el riesgo que eso conlleva, pues son autoridades que han manejado información secreta, reservada o privilegiada no solo en temas de seguridad nacional, también en el plano económico.

El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Jorge Alessandri (UDI), admitió que la posibilidad de modificar estos gastos de secretaría es una posibilidad. “Sería la vía más fácil y hay mucho consenso en la comisión más bien de eliminarla, es algo que hemos conversado de forma transversal. Todos los que justifican la dieta con argumentos, no justifican las asignaciones, por lo tanto, yo creo que es algo que puede pasar en esta Ley de Presupuesto en noviembre”.

Alessandri añadió que “efectivamente, no es fácil para un expresidente insertarse en el mundo laboral, hay muchos que creemos que un expresidente debiera seguir contribuyendo, debiera seguir como el presidente Frei en su labor de embajador al Asia-Pacífico promoviendo los productos chilenos, como lo hizo el presidente Lagos en temas medioambientales... Que Boric tenga 39 o 40 años (cuando deje La Moneda), evidentemente es un caso especial, pero no podemos estar legislando en Chile para los casos particulares y no voy a cambiar yo la Constitución, porque no me gusta que el Presidente Boric sea joven”.

Por ello, el diputado UDI mencionó que la alternativa es eliminar de la Ley de Presupuesto estos gastos de oficina “para todos, no solamente para los que tienen más de 65 años”.

Entre los diputados, de hecho, existe una mala evaluación del uso que le han dado los expresidentes a estos gastos de secretaría, pues casi todos quienes encabezaron un gobierno al menos han tratado de volver a La Moneda. Por ello, sospechan que sus fundaciones han actuado como plataformas electorales para mantener equipos activos y viajar por el país con recursos públicos.

Hoy con estos dineros fiscales que aporta el Senado -que superan los 10 millones mensuales por cada exmandatario-, se pagan arriendos y funcionamiento de sedes, personal de apoyo y también traslados.

Cada mes, los expresidentes, a través de sus fundaciones, hacen una rendición simple de gastos al Senado, ya que estos montos no son considerados como parte de la remuneración personal de los exjefes de Estado (la dieta hoy llega a los $7.348.983 brutos).

La razón por la que la Cámara Alta incurre en estos gastos (tanto dietas como asignaciones) es que antiguamente los expresidentes adquirían la calidad de senadores vitalicios. A pesar de que esa figura parlamentaria fue eliminada en 2005, por tradición se mantuvo esa responsabilidad fiscal en el Parlamento.

No obstante, el lunes, en su exposición que hizo ante la Comisión de Constitución, Ossandón planteó que el Senado buscará un acuerdo con la Presidencia para que esta suerte de pensión que reciben los exmandatarios sea regulada de mejor forma y que idealmente dependa de La Moneda, pero no del Congreso.

Consultado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), por la posibilidad de un acuerdo, descartó incluir ese tema en el paquete de reformas políticas que está trabajando el gobierno con el Congreso.

“Son cosas distintas. (Las dietas y asignaciones para expresidentes) no tienen que ver con el sistema político en el que estamos, con la forma en la cual funciona el sistema político. Pero sí tiene que ver con algo básico, que es que las democracias de alto estándar establecen un mecanismo de similar naturaleza respecto de los ex jefes de Estado”, dijo.

Y agregó: “El Presidente del Senado, lo primero que hizo fue defender la dieta y las asignaciones para los expresidentes de la República. Acto seguido planteó que tenía que modificarse eventualmente el mecanismo de pago, porque ya eso está radicado en el Senado, que (adxemás) es distinto de las propuestas que han hecho otros parlamentarios que plantear, restringir o eliminar las dietas presidenciales”.