Pese a que los ojos de la oposición y oficialismo estaban puestos en la Cámara de Diputados -donde cerca de las 13.00 horas se votó la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán-, durante la mañana fue otro el tema que se tomó las conversaciones en la sede legislativa.

Y es que durante este martes se dio a conocer el informe de la Contraloría General de la República (CGR) en el que se detectaron irregularidades en las licencias médicas de más 25.000 funcionarios públicos.

Específicamente, según el ente contralor, entre 2023 y 2024, un total de 25.078 trabajadores del sector incumplieron con el reposo solicitado, y durante el periodo de su licencia médica realizaron viajes fuera del país.

La información no la dejaron pasar los parlamentarios opositores ni de gobierno, desde donde no dudaron en acusar fraude al Fisco y llamaron al gobierno a ejecutar los sumarios correspondientes.

A ello, se sumaron también algunas ofensivas de los propios diputados. Mientras que en RN anunciaron que presentarán una denuncia al Ministerio Público, parlamentarios oficialistas comunicaron que oficiarán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que analice eventuales acciones.

En ese contexto, tras rechazarse el libelo contra Durán, desde el Congreso el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a referirse al tema.

“Queremos ser muy enfáticos. Primero nosotros condenamos estos hechos. El gobierno desde hace un tiempo viene impulsando un número importante de medidas para evitar el abuso en materia de licencias médicas. Es necesario precisar que cuando se presenta una licencia médica falsa, finalmente o se le hace daño a los demás cotizantes del sistema, que tienen que financiarla, o el Estado tiene que poner recursos adicionales, también para financiarla”, aseguró.

En esa línea, agregó que “aquí, literalmente, ‘no paga Moya’, paga el resto de las chilenas y chilenos honestos” y adelantó tres medidas “concretas en torno al informe de la Contraloría”.

Así, comunicó que solicitaron informes a todos los ministerios y servicios, junto con la instrucción de levantar sumarios en los casos que corresponda.

Junto a lo anterior, el secretario de Estado explicó que esos antecedentes los llevarán al CDE “para que analice acciones civiles y penales. Si existieran —no estamos anunciando ningún delito— se ejercerán acciones penales. En caso de que sea necesario establecer alguna forma de ejecución, de esos comprometidos, se van a ejercer las acciones civiles".

El tema también generó la condena transversal de los candidatos presidenciales.

Una de las primeras en reaccionar fue la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, quien a través de su cuenta de X aseguró que “esto es un fraude. Esto puede ser calificado como un delito, fraude al Fisco. Aquí hay que investigar a todos los que usaron la licencia, pero también a los médicos que la emitieron. Esto tiene que ser hasta el fondo y yo me alegro que nuestros diputados de Chile Vamos van a presentar una denuncia ante los tribunales”.

Y agregó que “mientras no hay recursos para atender pacientes con cáncer o mujeres tienen partos sin anestesia, otros despilfarran el dinero de todos los chilenos“.

La carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, en tanto, planteó que “las licencias médicas falsas y los abusos al sistema se han convertido en una verdadera estafa al Estado, que perjudica también a todos los trabajadores que cumplen con su deber (...). Y lo peor: en el Estado, casi nunca se recupera ese dinero. Nadie responde. Nadie fiscaliza. Nadie se atreve. Ni en este gobierno. Ni en los anteriores. ¿Y quién paga? Todos los chilenos".

De esa forma, recalcó que “vamos a aplicar mano dura contra quienes abusan del sistema: sanciones económicas, suspensión de licencias, devolución obligatoria del dinero y cesación en el cargo en caso de funcionarios públicos".

Los abanderados de la alianza de gobierno tampoco dudaron en salir a abordar el informe de Controlaría. La candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), afirmó que “la Contraloría detectó que 25.000 funcionarios salieron del país con licencia médica. Eso no es solo abuso, es fraude social”.

Así, enfatizó que “en nuestro gobierno vamos a combatir las licencias falsas, especialmente en el Estado: fiscalización, sanción y fin a los abusos. El ejemplo parte por casa".

Su par del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, calificó los antecedentes como algo “reprochable” y planteó que “procede que la Contraloría tome todas las medidas pertinentes, porque es evidente que el reposo es con motivo de recuperar un estado de salud que se ha visto alterado, mas no para hacer uso de vacaciones”.

Gonzalo Winter (FA), en tanto, apuntó a que “25 mil ‘enfermos’ haciendo turismo es un robo indefendible. Las licencias falsas muestran una burocracia que se ha dejado estar“. Y añadió que “por culpa de unos pocos, se pone en duda a trabajadores honestos y se refuerza la idea fácil de que hay que achicar el Estado”.

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, por su parte, dijo que “esperamos que esas 25.000 personas sean cesadas de sus cargos, sean despedidas. No basta con una sanción administrativa. También esperamos que la Contraloría inicie acciones legales por eventuales fraudes al fisco cometidos por estos funcionarios”.

Además, reiteró la necesidad de “achicar el Estado”.

Mientras tanto, el candidato de Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, exigió que se inicien los sumarios y las investigaciones pertinentes: “Me parece muy relevante porque es una situación que se ha detectado, que es extremadamente grave, que se tienen que seguir los sumarios, que se tienen que hacer las investigaciones, que se tienen que hacer los descuentos”.